Pedro Damián Cuestas será el nuevo director general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, después de que José Fernández Pérez dimitiera por discrepar con el ejecutivo respecto a la reducción de la protección en zonas costeras.
Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, quien ha señalado que el nuevo director general es doctor e ingeniero Industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Asimismo, es profesor titular de la ULPGC y vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental.
José Fernández Pérez renunció a la dirección general de Protección de la Naturaleza al verse desautorizado por el Ejecutivo en su intención de ampliar la protección de las zonas costeras.
“Una opción personal”
Precisamente, el consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguró este jueves que el Ejecutivo no ampara ni ha amparado nunca el uso abusivo de la costa.
“Todo lo contrario, hemos producido en muchas ocasiones la limpieza de chabolismo y el uso abusivo del litoral y seguiremos en esa línea”, dijo Berriel al ser preguntado por los periodistas por la dimisión del director general de Medio Ambiente, José Fernández, quien renunció al verse desautorizado por el ejecutivo en su intención de ampliar la protección de las zonas costeras. Berriel dijo que respeta la decisión del director general, que calificó como “una opción personal”.
El consejero afirmó que el Ejecutivo no defiende el uso abusivo de las costas, aunque matizó que “otra cosa son determinados valores etnográficos y determinados derechos de las zonas de servidumbre de protección” que el Gobierno de Canarias pretende amparar en su recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas. Detalló que ese recurso se basa en que se vulnera el principio de igualdad, ya que se excluye de la ley a determinados enclaves costeros en la península, mientras que no se exonera a los que existen en Canarias.
El recurso también obedece a que el Gobierno de Canarias considera que se ha producido una invasión competencial “grave y grande”. Los motivos para el recurso se han adoptado “de forma colegiada” por el Gobierno de Canarias y la redacción ha correspondido a los servicios jurídicos, que han actuado como lo han considerado oportuno, afirmó.