El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, 30 de agosto, el proyecto de decreto ley por el que se establecerá el régimen jurídico de alerta sanitaria y diversas medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en las islas.
El Ejecutivo regional, presidido por Ángel Víctor Torres, opta por esta vía tras varios autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que han tumbado hasta cuatro ocasiones las medidas adoptadas para frenar el avance de la pandemia. “No se hace contra nadie, ni contra los jueces”, ha subrayado.
Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, Torres ha anunciado que “se trata de un documento extenso, con más de 75 folios y 28 artículos” que espera que se pueda aprobar este jueves en un Consejo de Gobierno ordinario aunque, posiblemente, necesite de más reuniones. “Lo que queremos fundamentalmente es aglutinar todo el trabajo realizado por el Gobierno de Canarias en materia sanitaria en el último año y medio y acabar con las contradicciones sobre este tema”, ha explicado Torres.
El decreto, además, se tramitará como proyecto de ley e irá, por tanto, al Parlamento de Canarias. Así, “habrá un marco legislativo general, con rango de ley, que arbitrará todas las medidas en todas las islas y todos los ámbitos y aspectos respecto a la pandemia”. El presidente ha añadido que esta ley podrá ser modulada en posteriores Consejos de Gobierno y está abierta a todos los grupos parlamentarios para su modificación. “Este documento recogerá el magnífico trabajo de Salud Pública en todo este tiempo”, ha indicado. “No buscamos ningún subterfugio contra ninguna decisión judicial, sino recoger en un único documento todas las normas”, ha explicado.
Torres ha añadido que se ha debatido el proyecto de ley con el Gobierno de Pedro Sánchez, así como con el de comunidades como Aragón y País Vasco, que han tomado medidas legislativas similares contra la pandemia.
Además, ha pedido disculpas a los canarios por la posible “confusión” que hayan podido generar en algunas ocasiones las distintas medidas aprobadas contra el virus y los cambios que han requerido.
Con la aprobación del decreto ley se derogarán todos los acuerdos anteriores adoptados por el Ejecutivo. Sin embargo, Torres ha explicado que se mantendrá el concepto de los niveles de alerta, aunque no se podrán incluir medidas tales como el toque de queda o los cierres perimetrales ya que pertenecen a otro ámbito jurídico. Sí se incluirán las medidas relativas a la restauración, la hostelería, espacios educativos, reuniones sociales y uso de mascarillas, entre otras.
Por último, Torres ha explicado que su Ejecutivo solicitará al TSJC ampliar las restricciones al número de personas en las reuniones sociales, para lo que tiene de plazo hasta este martes, aunque ha añadido que si el decreto ley sobre las medidas se aprueba finalmente este jueves, “dejaría de tener sentido” la petición al Tribunal.