Casi mil empleados públicos canarios de los 3.300 afectados por el recorte salarial del 20% han demandado judicialmente al Gobierno de Canarias ante “el atropello a sus derechos laborales y ante la ilegalidad cometida con la medida de reducción salarial y de jornada”.
Según los primeros datos recabados por la Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (PEPAR), el elevado número de demandas interpuestas (823 contabilizadas hasta este miércoles) representa prácticamente un tercio de los afectados, “una cifra considerable de personas que han optado por no quedarse quietos ante una decisión inaceptable que focaliza unos recortes desproporcionados y abusivos en un grupo muy reducido de personas de forma discriminatoria, en función únicamente de su vínculo contractual con la administración (personal laboral indefinido y temporal y funcionarios interinos)”.
La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes pide una vez más al Gobierno de Canarias que deje sin efecto una decisión “que contraviene la normativa europea, y que está causando terribles daños económicos a los trabajadores” (muchos de ellos con sueldos entre 600 y 1.000 euros) “y a sus familias, además de graves problemas organizativos en los servicios públicos”.
La PEPAR recuerda que hay empleados públicos que continúan acampados día y noche frente a la Dirección General de Función Pública.
Hasta este miércoles se tenía constancia por parte de la PEPAR de que 536 empleados públicos afectados por la reducción salarial habían presentado sus demandas individuales a través de las diferentes organizaciones de trabajadores de Canarias. De forma desglosada, a través de Convergencia Sindical Canaria (OCESP) formalizaron su recurso judicial 260 personas (240 en Tenerife y 20 en Gran Canaria); a través del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA) son 200 los demandantes.
A través de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) suman 21 personas las que han recurrido ante los tribunales la medida, mientras que el Sindicato de Comisiones de Base (COBAS) ha interpuesto 10 demandas individuales en la provincia occidental y 40 en la oriental. Por otro lado, 287 personas más han optado por acudir a los tribunales a través de bufetes de abogados laboralistas particulares: 65 en Las Palmas de Gran Canaria y 217 en Santa Cruz de Tenerife. Estos datos no son definitivos, ya que aún están pendientes de contabilizarse las personas que han interpuesto sus demandas a través de las organizaciones Intersindical Canaria (IC), Comisiones Obreras (CC.OO) y Unión General de Trabajadores (UGT), por lo que la cifra total podría alcanzar las mil personas.