El concejal de Ordenación Territorial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha asegurado que recurrirán la providencia del Tribunal superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se insta derribar la biblioteca Pública del Estado “inmediatamente”. “Estamos convencidos de que eso no puede llegar a ejecutarse”, ha dicho en declaraciones a El correíllo, de CANARIAS AHORA RADIO, ya que se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC, todos los archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal) y, por tanto, el Ministerio de Cultura, a quien ha recurrido el ayuntamiento, puede evitar el derribo.
El documento remitido con fecha de marzo al Consistorio capitalino advierte, por segunda vez, del cumplimiento de la sentencia de 2002 que obligaba a demoler las instalaciones por declararse “nula de pleno derecho” la ordenación de la parcela sobre la se levantan. “Se sabía que era un espacio de uso público”, ha dicho Hernández, “pero no estaba ordenado, faltaba definir qué volumenes iban, con qué altura, cuántos”.
El edil ha recalcado que “la situación es salvable” porque “los BIC no son demolibles”. “Lo que no es salvable, ha dicho, es el tiempo y los recursos” que se han destinado al caso.
Sin comunicación con los vecinos
Hernández ha reconocido que desde el consistorio “ahora mismo no hay comunicación con los vecinos más allá de encuentros informales”. La comunidad de propietarios del Edificio San Telmo fue quien denunció la construcción, en 1997, de la biblioteca por parte del entonces alcalde popular José Manuel Soria. Uno de sus argumentos, además de la ilegaldad de la licencia, era que el edificio les privaba de su derecho a vistas.
El concejal de Ordenación ha desmentido que la sentencia del TSJC avale dicho argumento. “La sentencia no falla a favor del derecho a vistas de los vecinos”, ha dicho. Sí les da la razón en que el edificio no debería estar ahí y por eso, “habrá que resarcir a los vecinos”, según Hernández, que no ha precisado el valor de las posibles indemnizaciones.
Habrá que “convencer de que una parte de la sentencia no se ajusta a la legalidad (la que ordena la demolición de un BIC) y otra sí (la que da la razón a los vecinos de que el edificio no debería haberse construído)”, ha aclarado. “Habrá que llegar a un acuerdo”.