El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó este martes ante la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias el preaviso de huelga para reclamar la paralización del cambio de vínculo jurídico que prevé la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio para 639 laborales indefinidos, que pasarán a ser funcionarios interinos. Esta modificación es, según los trabajadores, “una forma torticera de destruir empleo público a coste cero”.
La huelga será parcial y tendrá lugar los días 17, 18 y 19 diciembre, en el horario comprendido entre las 10.00 y las 13.00 horas, con concentraciones en la puerta de las oficinas municipales del Metropole, para las que ya han solicitado permiso a la Delegación del Gobierno.
Los trabajadores consideran que la RPT va a conllevar una serie de recortes en los derechos de los empleados municipales. Para el Comité de Empresa, la conversión del personal laboral en funcionario interino provocará un “aumento exponencial” de la precariedad laboral, además de ser ilegal, como sostiene una sentencia firme del Tribunal Supremo en relación a un procedimiento similar en el Ayuntamiento de Candelaria.
Por otra parte, señalan que la RPT supondrá una pérdida de retribuciones para la mayoría del personal laboral del consistorio capitalino, “sobre todo en lo que se refiere a las categorías más bajas, como son auxiliares administrativos, administrativos, peones y oficiales”. El grupo de gobierno contempla además en este documento la eliminación del concepto de productividad.
“Desde el Comité de Empresa entendemos que la RPT no está planteada para la ordenación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento, sino como una herramienta para recortar derechos históricos, cargada de la característica ideología neoliberal que describe al PP”, subraya.
Los representantes sindicales exigen la retirada del actual proyecto de RPT, el inicio de un proceso de negociación donde la parte social tenga “una presencia activa” -creando para ello una comisión de valoración de puestos de trabajo -y la firma de un acuerdo que garantice los puestos de trabajo y el vínculo actual del personal laboral indefinido, interino y temporal, además la reubicación del personal en caso de suspensión de algún servicio.
Los empleados municipales también han mostrado su preocupación por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, actualmente en tramitación, ya que consideran que sus consecuencias “pueden ser dramáticas” y afectar a servicios tan sensibles como los sociales, Igualdad o Educación, entre otros. “Esta Ley es un ataque contra los servicios públicos más cercanos al ciudadano y serán éstos quienes paguen las consecuencias de su aplicación”, añaden.
''La plantilla está bien dimensionada''
El coordinador general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Claudio-Alberto Rivero, ha manifestado este miércoles, en relación al rechazo de los trabajadores a la RPT, que la plantilla municipal está “bien dimensionada” y que no sobra ningún trabajador.
“¿Cómo puede sospecharse que tenemos intención de despedir a empleados públicos cuando mañana mismo -por este jueves- la Junta de Gobierno local aprueba la oferta pública de empleo para este Ayuntamiento con 25 plazas para técnicos y 22 para poicías locales?”, ha cuestionado Rivero.
Con respecto a la sentencia del Supremo sobre la ilegalidad de la conversión de laborales en funcionarios en el Ayuntamiento de Candelaria, el coordinador general de Recursos Humanos ha remarcado que los sindicatos en ese Consistorio “están buscando la forma legal para mantener el vínculo porque ellos sí consideran que es una fórmula adecuada para la estabilidad de su puesto de trabajo”. “Esos mismos sindicados, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no lo ven así. Es paradójico”, concluye.