El chálet que el diputado nacional y consejero insular del Partido Popular (PP), Manuel Luis Torres Herrera posee en Residencial Anaga en Santa Cruz de Tenerife, es una de las cinco viviendas situadas en este ámbito y en Ifara que están afectadas por sentencias firmes que ordenan su demolición total o parcial.
Estas licencias fueron otorgadas hace años por otro cargo del PP, Pablo Matos, que cuando ejercía como concejal de Urbanismo y que actualmente también es diputado nacional y edil en la oposición por esta formación política. Resulta llamativo que Torres Herrera fuera viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias cuando acabó de construir su casa a finales de los años noventa.
Desde la Gerencia de Urbanismo se señalaba este martes que en estos momentos se continúa con los trámites para dar cumplimiento a la sentencia que ordena demoler una parte de la vivienda unifamiliar de este cargo público. Los problemas con el chalet se iniciaron hace ya una década, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no sólo ratificó la necesidad de restaurar el orden urbanístico infringido sino que dio un tirón de orejas al Ayuntamiento por su pasividad a la hora de hacer respetar la legalidad en este ámbito.
La correspondiente denuncia la presentó la empresa Administradora Patrimonial Radazul SL y el vecino Pablo José Mora Yanes. A mediados de esa misma década se empieza a intentar encontrar alguna alternativa para legalizar estas obras.
Antecedentes
La Unidad de Edificación y Disciplina informó a principios de 1998 del proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas y un sótano. A finales del año anterior, el concejal de Urbanismo, Pablo Matos, había considerado que el edificio estaba de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan Parcial y le otorgó la licencia. Sin embargo, dos años después se realiza un informe donde se detecta el incumplimiento en uno de los muros del edificio.
Se estima que tanto este error como otros del inmueble no son legalizables. Urbanismo pudo comprobar que efectivamente la edificación no se ajustaba a lo establecido en el Plan Parcial del Centro Residencial Anaga y al Plan General de Ordenación (PGO) aún en vigor. Para legalizar la obra, además, es necesario llevar a cabo la demolición de los muros ejecutados que no se ajustan a la licencia concedida. En concreto, este lindero supera en cinco metros lo permitido.
La versión de Torres y de los demás afectados por estos fallos judiciales es que se debe esperar a que se apruebe el nuevo PGO para ver si es posible entonces legalizar las obras. Sin embargo, desde Urbanismo se descarta esta posibilidad y se ratificaba hoy que continúan en período de ejecución de sentencia a la espera de que Disciplina Urbanística dé vía libre a la demolición.
Torres presentó hace ya dos años un informe de legalizaciónen el que se incluía un proyecto para cumplimentar este paso. En él se indica que las acciones a ejecutar apenas suponen “unas obras menores, ya que a fecha de hoy no afectan a ningún elemento estructural ni significativo de la casa. Es una obra simple”. Mientras se han sucedido los escritos de los denunciantes en los que se pone en evidencia que no se está cumpliendo con las obligaciones legales y que incluso se han pasado ya los plazos para hacerlo y que fijó el TSJC. Las quejas por el supuesto trato de favor que se da a Torres y a los demás dueños de los inmuebles se han sucedido durante todo este tiempo.
Demoliciones
Sin embargo, frente a esta aparente pasividad municipal, dos dolorosas demoliciones han quedado por el camino en la historia de Residencial Anaga. La primera es la de la vivienda conocida como la casa Roja y la otra, el edificio Mogán. En el primer caso se trataba de un chalet que incumplió determinadas normas en la altura de los muros. Fue denunciado por los vecinos y finalmente los tribunales le dieron la razón. Sus propietarios iniciaron entonces una denuncia pública al considerar que habían sido objeto de una clara discriminación.
Lo cierto es que todos los fallos admitieron que efectivamente se concedió en su momento una licencia que luego no se ajustó a las normas de este entorno. La Gerencia de Urbanismo se comprometió a abonarles una indemnización, pagarles la redacción del nuevo proyecto y además, le entregó unos 150.000 euros para construir la nueva casa y concedió una nueva licenia.
Curiosamente, aunque todo el mundo daba por hecho que iban a ganar en los tribunales lo cierto es que su incursión en este terreno no resultó demasiado favorable. El TSJC y el Tribunal Supremo (TS) indicaron que la responsabilidad del Ayuntamiento se limitó hasta el momento en el que anunciaron la paralización de las obras. De esta manera la cantidad a abonar era notablemente inferior que si se hubiese tenido en cuenta todo el procedimiento. En este entorno se situaba también el edificio Mogán que igualmente taponó las vistas de sus vecinos.
El Ayuntamiento procedió a su derribo y a través de una sentencia del TSJC le abonó a su propietario más de 300.000 euros a lo que habría que sumar los intereses que suponían casi el doble. Esta cantidad, no obstante, resultaba notablemente inferior a los tres millones que reclamaban los propietarios, la empresa Brevala SA pero un tanto superior a los doscientos mil euros que había calculado el Ayuntamiento.
El derribo se hizo efectivo en el año 2006 después de eternizarse los largos procesos que suelen ser habituales en estos contenciosos y duraron alrededor de cinco años. La corporación local sólo aceptaba la responsabilidad de haber concedido una licencia incorrecta que los tribunales declararon ilegal, pero únicamente estaban dispuestos a asumir el coste hasta que se mandó parar la obra.