Bar Rejón-Playa. (EFE/Carlos Fernández)
El cierre de un bar ha enfrentado a su administradora, Jenny Escuela, con el Ayuntamiento del municipio gomero de Hermigua al considerar la primera que la decisión es injusta, mientras que para la corporación local el local está situado en un lugar donde la restauración está prohibida.
Jenny Escuela asegura que le han precintado el bar Rejón-Playa por tres motivos diferentes a pesar de tener todos los papeles en regla. “Es el único medio que tengo para sustentar a mi familia de cinco miembros, pues estamos sin trabajo, tenemos hipoteca y nos dejan completamente en la desgracia dado que lo vendí todo para poder comprar la sociedad”, señala la vecina.
Explica que el primer precinto lo llevó a cabo la policía local a principios de agosto al alegar que el bar carecía de registro sanitario. “Estábamos dentro mi marido, mi hijo de 7 años, unos conocidos y yo, nos secuestraron dentro de nuestro bar, nos han privado de un derecho ciudadano”, indica.
Jenny Escuela presentó denuncia sobre los hechos ante la Guardia Civil e informó de que el precinto se rompió al tener que salir del bar las personas que se quedaron dentro.
“Precinto totalmente ilegal”
Al día siguiente, añade, un cabo de la Guardia Civil volvió a precintar el bar aludiendo a la carencia de red de saneamiento. “Este precinto era totalmente ilegal pues el cabo no tenía potestad para hacerlo y ni sus superiores sabían lo que había hecho”, indica.
Según explica la vecina, el tercer precinto se llevó a cabo al día siguiente con la presencia de la secretaria accidental del Ayuntamiento, dos miembros de la Guardia Civil, el cabo del día anterior y un policía local, por presunto escándalo público en 2012. “¿Hasta cuando esta injusticia que no me permite dar de comer a mis hijos? tantos españoles sin trabajo y a mi me lo quitan”, dice Jenny, quien se pregunta “porqué antiguamente en el bar se podía hacer de todo y ahora que lo tengo yo no”.
Jenny Escuela achaca la situación a que su marido participó hace años en una campaña política dentro de un partido no afín al gobierno municipal y “desde ahí empezaron las pequeñas rencillas”. Afirma haber solicitado unas 20 veces por registro de entrada audiencia con la alcaldesa, Solveida Clemente, quien, dice, nunca la ha atendido.
“Y para colmo de males los juzgados están cerrados y no puedo pedir medidas cautelares, yo lo único que quiero es trabajar dignamente, y después de un año y tres meses me cierran el bar en agosto, el mejor mes del año”, concluye.
“Las leyes y normas son para todos”
La alcaldesa Solveida Clemente ha asegurado a Efe que no existe impedimento en que se ejerza la actividad de restaurante en los sitios autorizados y permitidos, como hace el resto de los restauradores, y “en Hermigua los hay”.
“Lo que no se puede es poner un restaurante donde sólo puede haber un museo-sala de exposiciones, es decir, en lugares donde la actividad de restaurante está prohibida, las leyes y normas son para todos”, indica. Recuerda que el local donde se ejercía “de manera ilegal” la actividad clasificada de bar-cafetería se encuentra en suelo rústico de protección costera con la categorización de suelo rústico de protección agraria.
Además, el Plan Insular de Ordenación de la Gomera también prohíbe la realización en suelo de este tipo de actividades clasificadas y la calificación territorial solicitada por la mercantil Rejón Playa SL al Cabildo insular deja claro que en el local sólo se puede ejercer la actividad de exposición de museo del plátano. La alcaldesa subraya que desde agosto de 2012 se procedió a comunicar reiteradamente a la administradora de la sociedad, que hizo caso omiso de las advertencias, que estaba prohibida la actividad de bar-cafetería y celebración de bailes.
Aclara que se le ha dado trámite de audiencia a la administradora en los actos dictados en el expediente, pero ésta se ha negado al cese de la actividad de manera voluntaria, por lo que, de acuerdo con la normativa, el Ayuntamiento ha tenido que proceder a la clausura del local.