El alcalde inhabilitado del municipio majorero de La Oliva, Domingo González Arroyo, se ha atrincherado este martes en su despacho de las Casas Consistoriales tras negarse a ceder su puesto al frente de la Alcaldía al número dos de la lista de su grupo, el Partido Progresista Majorero (PP Majo), como ha ordenado la Junta Electoral Central el pasado 17 de diciembre tras ser condenado por un delito de prevaricación.
Domingo González Arroyo, líder histórico del PP en Fuerteventura hasta que fuera desplazado del cargo por la actual presidenta, Águeda Montelongo, se encerró en el ayuntamiento durante unas horas, según confirmaron a este periódico varias fuentes consultadas, y después de intentar, por un lado, la Policía Local, convencerlo para que depusiera su actitud, y por otro, presentar denuncia ante la Guardia Civil el concejal de Podemos Álvaro de Astica, el alcalde abandonó el ayuntamiento por una puerta lateral ante el gran revuelo montado en el pueblo.
El que fuera gran líder de la derecha majorera (en su polémica trayectoria, sazonada de grandes escándalos, ha militado en el CDS, el PP y ahora en su PP Majo, que utiliza casi las mismas siglas populares) habría amenazado a dos de sus concejales con destituirlos, según han indicado las fuentes consultadas, ante el hecho irreversible de tener que ceder su acta en el próximo pleno, previsto, en un principio, para el sábado 26 de diciembre.
A Domingo González Arroyo, estos dos concejales intentaron convencerlo “por las buenas” de que abandonara el ayuntamiento, en una mañana calificada de “sainete” por quienes presenciaron las escenas en las Casas Consistoriales de este municipio turístico de Fuerteventura.
González Arroyo fue elegido alcalde en junio pasado con los únicos votos de su formación, los cinco concejales del PP Majo, en un pleno municipal integrado por otros cinco partidos: Coalición Canaria (5), PSOE (3), PP (3), Votemos (2) y Nueva Canarias (2).
Sin embargo, dos semanas después de tomar posesión se hizo pública una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, que lo inhabilitaba para los cargos de alcalde y concejal durante nueve años por un delito de prevaricación, al haber permitido explotar una cantera en Lomo del Pájaro, en el municipio de La Oliva.