El concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Telde, Domingo Ramírez Galindo, negó este miércoles “rotundamente” su participación “en los hechos” que se le imputan en el caso Faycán y por los que está en libertad con cargo de cohecho y bajo fianza de 80.000 euros. El edil, que renunciará a su acta como concejal el próximo viernes a raíz de su imputación en esta presunta trama de corrupción, presentará un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de Telde, encargado del caso, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ante los órganos que proceda para denunciar la “vulneración sistemática del secreto de sumario”.
En el documento expresa su indignación por la forma en que se produjo su detención y permanencia durante 48 horas en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias y en los juzgados del municipio grancanario. Considera estos hechos “desproporcionados e innecesarios a la vista de la brevedad del interrogatorio” al que fue sometido durante “menos de diez minutos”, dijo el concejal, suspendido cautelarmente de militancia por el Partido Popular (PP).
Y también después del ofrecimiento efectuado al juez Javier García por el propio alcalde, Francisco Valido, y los cinco concejales del PP imputados “cuando empezaron a correr rumores” sobre su próxima citación para comparecer ante el magistrado en la condición procesal que éste decidiera, agregó. Ramírez reprobó las “filtraciones sistemáticas, interesadas y tendenciosas” y aseguró “tener conocimiento de que el propio juez instructor es el primero en lamentar estas vulneraciones”.
Por ello, González confió en que el juez “actúe con el mismo empeño y profesionalidad mostrados en la instrucción del caso Faycán para descubrir a los responsables de la vulneración del secreto sumarial y adopte las medidas adecuadas para que no se repita”. Y “como botón de muestra” señala una información de un diario regional en el que se hace referencia a la libreta perteneciente a la ex concejala de Obras Públicas y Contratación y principal imputada en este caso, María Antonia Torres, en la que ésta supuestamente anotó las iniciales de los ediles del grupo de gobierno junto a una cantidad, según fuentes judiciales.
A juicio de Ramírez, se atribuyó a la libreta de Torres la “condición de prueba de cargo irrefutable” contra él y el resto de ediles “y se precisa que 'las anotaciones del bloc se remontarían a mediados de 2004' y que 'el instructor está a la espera de la prueba pericial para confirmar si la caligrafía es la que emplea habitualmente Torres'”, detalla en su escrito. Sin embargo, “a fin de respetar el secreto sumarial que otros en su contra vulneran impunemente”, Ramírez se abstiene de “confirmar o negar los detalles sobre la libreta de María Antonia Torres”.
“Ahora bien, -continúa el escrito- si dicho documento es el que le fue mostrado durante su interrogatorio, una vez sea levantado dicho secreto, se comprobará que, lamentablemente, a los se han dedicado a inflar un globo éste les estallará en las manos”. Prosiguió que ello también le ocurrirá “a los de Ciempozuelos, los mismos que en Canarias dicen tener ”los bolsillos de cristal“, y a los que tras largos años de desgobernar en Telde acuden a diario a los juzgados, unas veces para que los juzguen y otras para retractarse de acusaciones calumniosas”, en relación al ex alcalde Francisco Santiago y a los concejales del anterior mandato.