Los sindicatos CCOO y UGT desconfían que los controles previstos por el Gobierno de Canarias en la concesión de ayudas para fomentar el empleo de jóvenes en las Islas sean suficientes.
Los secretarios generales, Juan Jesús Arteaga y Juan Francisco Fonte, respectivamente, creen que las medidas previstas en la actualidad no impiden que se despida a un trabajador para contratar a otro que cumpla con los requisitos incluidos en la Orden de las ayudas. Los representantes de los trabajadores temen “la picaresca” del empresariado, lo que “va en contra del espíritu del Pacto, que no permite sustituir a un trabajador por otro”.
Estas declaraciones, realizadas al término de la tercera mesa de seguimiento del Pacto Social por el Empleo celebrada este lunes en la capital grancanaria, han sido rebatidas por el consejero de Empleo del Ejecutivo regional, Jorge Rodríguez, quien afirmó que “sería demasiado rocambolesco” defraudar la normativa, y por ello el Ejecutivo está convencido de que no se producirá.
Rodríguez cree que “primero debemos poner en práctica la medida” y “después valorar sus posibles fallos”. En el caso de que estos se produjeran, el Gobierno canario está dispuesto a estudiar una nueva fórmula de aplicación. La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) coincide con el planteamiento gubernamental, y hace un llamamiento a los sindicatos para que “colaboren” en la puesta en marcha de unas medidas que su presidente, Sebastián Grisaleña, calificó de importantes en el contexto económico actual.
Grisaleña finalizó diciendo que “el que no se quiera sumar al barco, nos puede ahogar a todos”. El presidente de la Patronal destacó la idoneidad de las medidas propuestas por el Gobierno en el marco del Pacto firmado el 4 de junio del año pasado, para acelerar la recuperación económica del Archipiélago.
De los 93 puntos recogidos en el citado Pacto y que fue rubricado por ayuntamientos, cabildos, sindicatos, empresarios y Gobierno de Canarias, este lunes “se analizaron todos y se están desarrollando 88”, según explicó Grisaleña. Entre los cinco restantes, “las mayores discrepancias están en las medidas para el empleo de jóvenes”, pero desde la Patronal consideran que “tenemos que tener la responsabilidad suficiente para apostar fuerte en la misma dimensión”.
“Las medidas que toma el Gobierno canario están dentro de sus posibilidades”, señaló Grisaleña, por el marco económico negativo en el que se mueve la economía. Otro de los temas tratados durante la reunión que duró una hora y media, aproximadamente, fue el de la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF). En este, sindicatos y patronal coincidieron en exigir su participación en la redacción de la nueva normativa, ya que “afectará” de manera importante a la economía futura de las Islas, según señaló Fonte.
El secretario de UGT explicó a los medios al término de la reunión que se habían dejado sobre la mesa otras “dudas e interrogantes” sobre los puntos incluidos en el Pacto Social, por lo que se negaron a hablar de grado de cumplimiento de las medidas. Los sindicatos no cifran en 88 las medidas que se están desarrollando, como afirmó Gobierno y Patronal, porque “de muchas no sabemos el grado de ejecución ya que son convenios firmados con otras entidades que no hemos visto”.
Asimismo, plantearon su preocupación porque todas las medidas “prioricen a las personas menos favorecidas” y se desarrollen otras como “la Ley Canarias de Participación”.
A pesar de las críticas, CCOO y UGT mostraron su compromiso con el Pacto Social porque lo consideran “un documento idóneo” y continuarán acudiendo a todas las reuniones de coordinación y seguimiento del mismo.