LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 (EUROPA PRESS)
La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción acusó hoy al Cabildo de Gran Canaria de pretender instalar una planta incineradora en el vertedero del Salto del Negro en Las Palmas de Gran Canaria, que, a su juicio, “hipotecará el futuro del reciclaje en la isla y perpetuará el problema de acumulación de residuos en un territorio especialmente limitado”.
“Si en Gran Canaria se instala una planta capaz de quemar 368.550 toneladas de residuos al año estaremos condicionados a suministrar esta desmesurada cantidad de residuos mientras la planta esté en funcionamiento. Esto impedirá que se desarrollen nuevas políticas de reducción, reutilización y reciclaje”, afirmó la portavoz de la federación, Esther Fresno, acompañada por representantes del colectivo y de la organización ecologista Turcón, en la presentación en el registro de la institución insular de un total de nueve sugerencias al Avance del Plan Territorial Especial de Residuos (PTER) de Gran Canaria.
Insistió en que “está demostrado que las plantas incineradoras frenan toda política de reciclaje y de reducción de residuos porque hay que alimentar a un bicho muy grande, y los residuos no pueden destinarse a reciclaje, sino para ser quemados”.
Una de las protestas de los ecologistas es que consideran que dicho plan “vulnera en la práctica el derecho a la participación social”, ya que el proceso se ha llevado a cabo únicamente abriendo un plazo de consulta de dos meses, coincidiendo con los meses de verano (agosto y septiembre).
SIN PARTICIPACIÓN
En este sentido, Fresno explicó que lo que la isla se está “jugando hoy lo que va a definir las políticas de gestión de residuos desde ahora hasta 2016”. “Es un plan totalmente decisivo para el futuro económico, social y medioambiental de la isla, y, sin embargo, el Cabildo expone un complicado documento en Internet en una página de difícil acceso y abriendo un corto plazo para formular alegaciones”.
En su opinión, “se ha renunciado a informar, estimular el debate, promover el compromiso y posibilitar la elaboración de un plan de todos los grancanarios sobre un asepecto de gran trascendencia para el futuro de la sociedad insular”.
Además, los ecologistas detectan “el error” de que en el proceso participativo sólo se ha considerado administraciones públicas afectadas a las instituciones y a dos colectivos de defensa del medio ambiente, dejando fuera de este trámite informativo, por ejemplo, a los sindicatos y al sector primario (agricultores y ganaderos), que “son, en la práctica, los principales productores de materia orgánica y los principales destinatarios de los productos finales que resulten de la transformación de esa materia orgánica”.
A este respecto, estiman “imprescindible” que se inicie una nueva fase de información pública que cuente con debates públicos y sesiones informativas dirigidas a la ciudadanía en general y a los sectores interesados.
“NO ES UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE”
Asimismo, Fresno sostiene que el Cabildo de Gran Canaria “renuncia claramente al ahorro de energía y a la lucha contra el cambio climático”. “La incineradora emite mucho CO2 a la atmósfera y no es una solución sostenible”, argumentó la dirigente ecologista, quien culpó a la institución insular de “dar la espalda al problema de desertificación que tiene Gran Canaria”.
En este punto, recordó que la ONU ha alertado de que “a nivel mundial Canarias es uno de los territorios con muy alto riesgo de desertificación”. En cambio, “el Cabildo grancanario ignora este problema mostrando una actitud insolidaria con las generaciones futuras”.
Hizo especial hincapié en que “lo que quieren quemar en la incineradora es la fracción orgánica compostable de los residuos urbanos”. No obstante, “si se composta la fracción orgánica se puede utilizar para enmendar suelos y aportar a la agricultura un abono de calidad libre de pesticidas, pero el Cabildo propone la solución tan poco inteligente de quemarla y perder estos recursos”, apostilló.
Otro de los reproches de los ecologistas es que con dicho proyecto el Cabildo renuncia a la creación de empleo en el sector del reciclaje ante la crisis, así como que las características de la planta de valorización energética están supeditadas a un concurso de ideas que “aún no se ha celebrado”.
Fresno subraya que el PTER debe “informar con claridad de las características de una infraestructura tan impactante como es una planta de incineración de residuos”. A su entender, “el concurso de ideas debe ser convocado antes de la elaboración del Plan y no a posteriori, con el fin de que los ciudadanos puedan contar con la información completa sobre la instalación que se propone, que, a su vez, deberá contar con su propio estudio de impacto ambiental”.
“AMENAZA A LA SALUD DE LOS HABITANTES”
Por otro lado, Fresno reiteró que dicha incineradora supone una “amenaza a la salud de los habitantes de la isla y de los visitantes”, especialmente para la población que vive cerca“, ya que los gases emitidos por la chimenea contienen micropartículas tóxicas, así como dioxinas, furanos y policlorobifenilos, óxidos de nitrógeno y aerosoles ácidos, entre otros, ”y son muchas las enfermedades que se han demostrado que crea tener una incineradora al lado“, tales como patologías del aparato respiratorio como asma e incremento de mortalidad prematura por enfermedades respiratorias y del corazón.
A ello se añade que “la incineradora expulsa escorias, cenizas y gases tóxicos que ”tienen que ser almacenadas en un vertedero para residuos especiales, de tal forma que tampoco se evita el problema de los vertederos“, apuntó.
Por último, Fresno expresó su “sorpresa” porque el grupo de gobierno del Cabildo, formado por Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) y Nueva Canarias (NC), “vuelva a proponer la incineradora, cuando el anterior equipo de gobierno del PP retiró la planteada en Juan Grande por la oposición de los vecinos”.