El Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha abonado al estribillo incorporado al pasacatre, el popular baile folclórico canario de los dos pasos pa'lante y dos pasos pa'atrás, en la gestión de la crisis de Emalsa, la empresa mixta de aguas.
Esa es, al menos, la percepción que comparten dos de los tres partidos de la oposición y el símil que ha utilizado este miércoles en un pleno extraordinario Nardy Barrios, portavoz de Compromiso, para definir los vaivenes en la actuación del gobierno municipal en relación a las presuntas irregularidades cometidas por la empresa. Isabel Mena, concejal del PSOE, ha lanzado un mensaje similar al asegurar que el PP “va de un lado para otro para que parezca que algo se mueve” en el Consistorio.
El último paso dado por el grupo de gobierno ha sido la apertura de un expediente para iniciar la intervención administrativa de la concesión a Emalsa, un proceso del que hoy ha dado cuenta en el pleno municipal a pesar de que éste no es el órgano competente para aprobarla, ya que la potestad corresponde a la Junta de Gobierno. Según ha explicado Ángel Sabroso, portavoz del PP, un técnico municipal se situará “al lado de quien toma las decisiones” en Emalsa para elaborar informes cada dos meses sobre los que basar futuras decisiones del Consistorio, entre las que no ha descartado sanciones ni un posible rescate.
El expediente administrativo aún se encuentra abierto a la espera de las alegaciones de la compañía, que ya ha expresado su rechazo a las acusaciones vertidas en un informe del servicio municipal de Aguas y ratificadas por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que han advertido, entre otras cuestiones, de incumplimientos en el contrato de la red de saneamiento, de la ocultación de información por parte de la empresa y de la debilidad de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad y la poca capacidad de respuesta de Emalsa ante los problemas originados.
Sabroso ha defendido la actuación del grupo de gobierno después de que a finales de 2012 se destapara, a raíz de una denuncia interna de los socios privados, una catarata de presuntas irregularidades en la gestión de Emalsa. El concejal popular ha recordado que el PP creó una comisión formada por técnicos municipales para realizar un diagnóstico de la situación hidráulica del municipio y evaluar las carencias contractuales antes de que se produjera la denuncia de directivos en Francia y que posteriormente encargó una auditoría externa y llevó a la Fiscalía la información aparecida en prensa sobre esa denuncia, en un proceso que ha acabado en los juzgados de la capital con la imputación de quince personas.
''Un brindis al sol“
El PSOE ha pedido al PP que se deje de “ambigüedades” y que concrete los términos exactos de la intervención. “Una intervención es todo y es nada, puede ser un secuestro y puede ser un rescate, pero mucho nos tememos que estén utilizando el lenguaje para hacer ver que están haciendo algo grandilocuente cuando lo único que van a tener es a un funcionario mirando papeles”, ha cuestionado Isabel Mena, quien ha remarcado durante su intervención los cambios de postura del gobierno municipal y ha tachado el inicio del expediente de intervención de “cortina de humo y de brindis al sol”.
“Ustedes dijeron primero que iban a remunicipalizar la empresa, que había desvío de dinero y después que no había nada; hace poco el alcalde dijo que el ciclo integral del agua corría peligro y a las 72 horas, que funcionaba con total normalidad”, ha apostillado la portavoz socialista. A este respecto, Ángel Sabroso manifestó tras la sesión plenaria que los riesgos en la prestación de servicios son “”críticos y severos“.
La alternativa formulada por el PSOE para la empresa que abastece de agua a Las Palmas de Gran Canaria consiste en la cesión de dos de los cuatro puestos que el gobierno municipal tiene en el Consejo de Administración de Emalsa para que los ocupen durante un tiempo técnicos municipales “que hablen de tú a tú a Emalsa” y en la realización de una auditoría técnica para conocer el estado de las infraestructuras, recordando que el PSOE invirtió en esta materia 52 millones de euros en el pasado mandato.
En su réplica, Sabroso consideró un “error histórico” del PSOE situar la tutela de la empresa en el Consejo de Administración, donde el Ayuntamiento está en minoría con un 34% de las acciones, y no “desde dentro de la sociedad, desde donde se ejerce la responsabilidad en la gestión”.
Riesgo de indemnización
Los socialistas coincidieron con Compromiso en sus críticas a la convocatoria de un pleno cuando aún no existe una propuesta firme de resolución en el expediente de intervención administrativa. Para Mena, la solución planteada por el PP es como “proponer una aspirina de remedio a un diagnóstico de cáncer o como llamar antes al seguro que a los bomberos si hay un incendio”.
Nardy Barrios ha cuestionado el procedimiento que ha incoado el Ayuntamiento capitalino y ha subrayado que, a pesar de todos los hechos conocidos sobre la polémica actuación de los socios privados de la empresa (Saur y Sacyr Valoriza) y el duro escrito de la Fiscalía, el gobierno municipal no ha abierto ningún expediente sancionador. “Sólo nos faltaba que tengamos que indemnizar a quienes han saqueado Emalsa porque el procedimiento no se ha llevado adecuadamente”, ha sentenciado.
Tanto Compromiso como Nueva Canarias se han mostrado partidarios de proceder al rescate de la concesión del servicio. Así lo manifestó Pedro Quevedo, portavoz de Nueva Canarias, quien reclamó “máxima contundencia” al Gobierno en un proceso “transparente y garantista” y advirtió que, de no actuar con responsabilidad, el Consistorio podría pasar de “víctima a corresponsable”.
Juan José Cardona, cerró el debate lamentando que no se hubiera lanzado “un mensaje de unidad” a la sociedad en torno a Emalsa y desacreditando los argumentos esgrimidos por los partidos de la oposición. El alcalde capitalino acusó a Nueva Canarias de “radical”, a Compromiso de “contadictorio” por pedir el rescate y criticar la intervención porque aún no se ha cerrado el expediente y al PSOE de “situarse a favor de los socios privados de Emalsa” por cuestionar el encaje jurídico del proceso.