SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 (EUROPA PRESS)
La Federación de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) denuncia que “todavía muchas empresas canarias no cobran los trabajos o servicios que realizan hasta seis o siete meses después, por lo que exigimos que se aplique ya, de forma inmediata y efectiva, la nueva normativa contra la morosidad”.
La patronal del metal recuerda que “la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad establece que durante este año y en 2011 el período obligado de cobro no sobrepase los 85 días para las empresas privadas y los 50 días para las Administraciones. En 2012, el plazo de los pagos se reducirán a los 75 días en el sector privado y 45 días en el público; mientras que, a partir del 1 de enero de 2013, todas las empresas privadas deberán de subsanar sus deudas en un máximo de 60 días y las públicas, en menos de 30 días”, informa Femete en un comunicado
Femete detalla que “esos tiempos se computarán desde la fecha de recepción de las mercancías o de la prestación de los servicios, también en los casos en que el deudor reciba la factura o solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios. Asimismo, los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan 30 días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de los servicios, y que la recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura y la recepción por el interesado”.
ELIMINAR LOS PACTOS Y RECLAMAR INDEMNIZACIONES
Además, Femete destaca que “la normativa suprime la posibilidad de ampliar el plazo de los pagos por acuerdos entre las partes, a la vez que refuerza el derecho de los acreedores a reclamar indemnizaciones. Paralelamente, se prevén mecanismos de verificación y cumplimiento, como la futura inclusión de los plazos medios de pago en las memorias auditadas de empresas, la aplicación del régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, con sanciones hasta de 500.000 euros, así como el papel de las organizaciones empresariales para invalidar cláusulas abusivas e ilegales”.
La Federación resalta “el valor histórico de esta normativa, ya que aliviará la agobiante situación que sufre la mayoría de las empresas por retrasos de cobros de 180, 210 días o más. Por todo ello, animamos a las pymes y autónomos a que denuncien esos casos, así como reclamamos que la ley se aplique estrictamente para reactivar así nuestra economía, restableciendo los principios de equidad, oportunidad y competitividad. De hecho, aportando datos que ofrece la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal, el cumplimiento de estas medidas podrían salvar unos 600.000 puestos de trabajo en todo el país y supondría una inyección en el tejido de las pymes equivalente a más de 6.400 millones de euros. Si también el sector público pagase a tiempo, se devolverían a la economía real más de 9.300 millones de euros”.