Los empresarios canarios se quejan de que los bancos han endurecido “aún más” las condiciones crediticias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)

Más de 1.000 empresarios encuestados por la Comercio de Santa Cruz de Tenerife y la de Las Palmas han asegurado que, de enero a marzo, las entidades financieras recrudecieron las condiciones para acceder a los fondos que demandaban. De hecho, consideran que las dificultades se han incrementado en un 12 por ciento con respecto a finales del pasado año.

En el contexto nacional, el Informe de Financiación de las Cámaras revela que al 82,5 por ciento de las empresas se les han incrementado las exigencias de garantías y avales hasta el punto de que al 35 por ciento de las pymes les han pedido garantías de carácter personal. Por si fuera poco, al 48 por ciento le dieron menos dinero del que pidieron inicialmente.

Las dificultades de acceso a la financiación y la debilidad de la demanda son de hecho para las empresas canarias el principal obstáculo que limita el desarrollo de su actividad, según el Indicador de Confianza Empresarial elaborado por las Cámaras de Comercio de Canarias.

Asimismo, los empresarios de las islas se quejan también de que, en los últimos meses, se han multiplicado las exigencias de las entidades financieras en cuanto a las garantías ya no sólo patrimoniales, sino también personales.

DESCONTENTO

Además, “cuando logras el crédito, el tipo de interés suele ser con unos diferenciales más elevados, lo que encarece todavía más el costo del crédito”, según explicó la directora del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez. Manifiesta, además, el descontento de los sectores productivos canarios por las condiciones abusivas que está aplicando la banca.

En este sentido, tal y como refleja la encuesta de ámbito nacional, para más de las 3/5 partes (61,8 por ciento) de las empresas que han acudido a entidades financieras en el primer trimestre de 2010 se ha incrementado el coste crediticio y dilatado el plazo de respuesta.* Además, al 7,3 por ciento se les ha exigido un plazo de devolución más reducido de lo habitual.

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González Martín consideró en un comunicado que “la escasez de recursos financieros constituye un problema de primera magnitud, que hace peligrar no sólo los proyectos de inversión o expansión de las pequeñas y medianas empresas, sino, incluso, la continuidad de su operativa habitual.

Así lo ponen de manifiesto las más de 1.000 empresas encuestadas en el Indicador de Confianza Empresarial para I trimestre de 2010, donde la incertidumbre sobre la evolución económica y el aumento de las dificultades de financiación están retrayendo la inversión de los negocios canarios.

REGLAS DE JUEGO

A juicio del presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, “es lógico que las entidades financieras tomen sus precauciones, pero lo que no puede hacerse es pasar es de un extremo a otro”. Añadió, además, que “sin crédito no funcionan las empresas y se profundiza aún más en el deterioro de la economía”.

Por lo tanto, la Cámara vuelve a insistir en la necesidad de que se articulen políticas eficaces que impriman una mayor fluidez en la concesión de préstamos, que eviten el estrangulamiento de la actividad empresarial de Canarias.

En cuanto al destino de la financiación externa demandada por las empresas españolas, más del 86,8 por ciento afirma que es para financiar circulante, es decir, para hacer frente a las necesidades de liquidez inmediata, ya que el 91,3 por ciento manifiesta que ha experimentado un retraso en los pagos de sus clientes, que se sitúa en torno a los 4 meses y medio.

Por último, el 46 por ciento de las empresas que son proveedoras de los poderes locales reconocen que tienen dificultades para cobrar. En este sentido, las administraciones locales son los que están dando más quebraderos de cabeza para materializar el cobro, con el 28 por ciento en tanto que en los gobiernos autonómicos el porcentaje es del 23,7 por ciento mientras que en la administración central disminuye al 7,5 por ciento.