El último informe publicado por el equipo de técnicos del Ayuntamiento capitalino encargado de inspeccionar a la empresa Emalsa alerta de los peligros para la salud pública de una serie de vertidos residuales en diferentes puntos de la costa, especialmente en la zona noroeste de Gran Canaria.
Izquierda Unida de Gran Canaria ha presentado este jueves una denuncia en la Fiscalía Provincial de Las Palmas debido al riesgo que supone el “envenenamiento silencioso” que producen estos vertidos, tanto para el ecosistema como para la salud de la población.
Según consta en los informes disponibles en la página web del Gobierno de Canarias, existen 44 puntos del litoral en los que se han detectado microorganismos infecciosos provenientes de materias fecales. Principalmente, en la zona que abarca desde la playa de Las Alcaravaneras hasta la playa de La Laja, y el riesgo aumenta a medida que el penacho se dirige hacia el sur.
Para la agrupación de izquierdas “esta incompetencia por parte de Emalsa viola la directiva europea 2006/7 y el RD 1341/2007”, motivo por el cual exigen que la empresa encargada del abastecimiento del agua en Las Palmas de Gran Canaria sea remunicipalizada para que se produzca un control efectivo de su actividad. Y les resulta “especialmente insultante” que la propia Emalsa acuse a sus trabajadores de “sabotaje” por los fallos detectados en el emisario submarino.
Para Ramón Trujillo, coordinador nacional de IU en Canarias, “lo que la realidad pone sobre la mesa es que la privatización del agua produce corrupción permanente”, entre otros motivos, porque los distintos partidos políticos “no tienen autonomía política frente a las empresas que después les hacen donaciones”.