El Estatuto al que este miércoles dio el visto bueno la Comisión Constitucional del Congreso está a punto de convertir a Canarias legalmente en la primera comunidad española con mar, un ámbito que siempre ha quedado fuera de la delimitación de las autonomías, incluso de las formadas por islas.
“El ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias comprende el archipiélago canario, integrado por el mar y las siete islas con administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por la isla de La Graciosa y los islotes de Alegranza, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste”, dice su artículo 4.1
La afirmación de que las comunidades no tienen mar, ni siquiera Baleares o Canarias, cuyo territorio está delimitado por definición y en su integridad por el agua que rodea a sus islas, puede resultar chocante para la mayoría de los ciudadanos, pero el Tribunal Constitucional (TC) lo ha dejado claro en al menos cuatro sentencias en los últimos años, todas ellas en contestación a recursos del Gobierno canario contra leyes o decretos del Estado.
Los gobiernos de CC en la comunidad autónoma manejan desde hace varias legislaturas un concepto, el del “Mar Canario”, que han querido invocar cada vez que consideraban cercenadas las competencias autonómicas por decisiones del Estado cuyo ámbito de aplicación era aquel que comienza donde termina la línea de costa.
Se trata de un pleito antiguo, pero que se recrudeció con ocasión de las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Consejo de Ministros en el primer mandato de Mariano Rajoy, a las que se opusieron tanto el Gobierno de Paulino Rivero, como el Parlamento de Canarias y los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote.
Pero la respuesta del Constitucional fue siempre la misma, incluso después de que el Congreso de los Diputados aprobara la denominada Ley de Aguas Canarias (44/2010), que no alteró en nada el juego de equilibrios sobre a quién corresponde la gestión del mar que rodea a las siete islas canarias (ocho, a partir de ahora, porque el Estatuto en ciernes reconoce esa condición a La Graciosa).
En esas sentencias, el Constitucional fallaba que “el mar no parte del territorio de las comunidades autónomas” en el ordenamiento jurídico español, ni tampoco el subsuelo marino.
El Gobierno canario apeló incluso a una norma de rango superior, el Convenio Internacional sobre el Derecho del Mar de 1982, también conocida como la Convención de Montego Bay, que reconoce a los archipiélagos la competencia sobre las aguas que los circundan.
Sin embargo, tanto el Gobierno central como el Constitucional siempre respondieron lo mismo: la Convención de Montego Bay se aplica a estados que son archipiélagos, no a regiones de un país.
Si el pleno del Congreso aprueba definitivamente el Estatuto de Autonomía que este miércoles avaló la Comisión Constitucional, Canarias tendrá ahora mar, en una extensión delimitada por “un contorno perimetral que siga la configuración general del archipiélago”.
“Las aguas que queden integradas dentro de ese contorno perimetral recibirán la denominación de aguas canarias y constituyen el especial ámbito marítimo de la Comunidad Autónoma de Canarias”, añade el proyecto aprobado por la Comisión Constitucional.
Ello no alterará el reparto de competencias entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario, precisa el futuro Estatuto, que en cambio sí mandata al Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones “tenga en cuenta las singularidades del carácter archipielágico y promoverá la participación de la comunidad autónoma en las actuaciones de competencia estatal en dichas aguas”.
Esos párrafos del artículo 4 del futuro Estatuto reproducen casi literalmente lo que decía la Ley de Aguas Canarias de 2010, pero ahora con mayor rango, con la fuerza de una Ley Orgánica que formará parte del “Bloque constitucional”, como todos los Estatutos.
Uno de ponentes del futuro Estatuto ha señalado a Efe que este reconocimiento no colma las aspiraciones de los partidos nacionalistas sobre el “Mar Canario” y sus competencias, pero sí supone “claramente” un avance sobre la situación actual.
“Por lo menos, va a permitir que resolvamos absurdos como el que se produce entre Gran Canaria y Tenerife, donde en la actualidad tenemos aguas internacionales”, señala este diputado canario.
Las últimas sentencias del Tribunal Constitucional sobre este asunto, aunque desfavorables para las tesis del Gobierno canario, sí apuntaban el camino a seguir si quería ejercer competencias en el mar: “Solo excepcionalmente (las comunidades autónomas) pueden llegar a ejercer competencias sobre el mar territorial, siempre y cuando exista un explícito reconocimiento estatutario”.
Hasta el momento, ninguna comunidad autónoma tenía mar, ni siquiera Baleares, cuyo estatuto define así su territorio: “El territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears es el formado por el de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera y por el de las otras islas menores adyacentes”.