Los vecinos del entorno de la playa de Las Teresitas aprovecharán la reunión de la Junta de Compensación que tendrá lugar en breve para hacer saltar por los aires la ordenación de este ámbito. El abogado y concejal de Sí se puede, Pedro Arcila, indica que en estos momentos está preparando los argumentos que plantearán en el encuentro cuya convocatoria ha sido acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Básicamente la estrategia conjunta de parte de los abogados de los vecinos de Montaña Morera y de Las Huertas pasa por demostrar que durante los últimos años se han cometido ilegalidades de tal calado que obligan a reordenar todo este ámbito. De esta manera, pretenden que el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, disponga de base legal suficiente para proceder a la anulación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO) en este conflictivo entorno.
Pero además se están preparando los argumentos para que se proceda a elaborar un nuevo proyecto de reparcelación en el que se incluye el reparto de los gastos y beneficios de los propietarios integrados en la Junta al haber quedado anulado el anterior en 2010 por el propio TSJC. Sin embargo, Arcila matiza que lo cierto es que esta suspensión no ha quedado aún reflejada en una escritura notarial.
“Trabajamos para aprovechar la ocasión de que Urbanismo en esta reunión vea con claridad que no existe otra salida que volver a ordenar este ámbito por la cantidad de ilegalidades que existen casi desde el principio. Nuestra intención es obligar a que el Ayuntamiento proceda a suspender de oficio toda la ordenación de este espacio”, dice Arcila.
De esta manera se conseguiría también desarmar el blindaje que el propio auto del TSJC parece haberle ofrecido a los compradores de los terrenos, los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, al considerar que actuaron como “terceros de buena fe”. De hecho en el auto se indica que el acuerdo que se tome en la asamblea no puede ir nunca en contra de los intereses de Inversiones Las Teresitas (ILT) y Mapfre, actuales propietarios de estos terrenos. “Lo cierto es que entre lo que dice el auto y la interpretación que ha hecho Urbanismo hay bastantes diferencias, pero nosotros creemos que existen las suficientes razones de peso como para poder desarmar la ordenación de Las Teresitas y vamos a plantear estos argumentos en la reunión”.
Según la resolución judicial durante el encuentro sólo podrán intervenir los vecinos de Montaña Morera y no se cita expresamente a los de Las Huertas, cuya situación es bastante diferente. Y ello es así básicamente porque los primeros no estaban integrados en la Junta y lo único que piden es que sus terrenos y viviendas vuelvan a aparecer a su nombre en el Registro de la Propiedad.
Sin embargo, la mayoría de los segundos sí que estaban integrados en esta entidad y defienden su derecho a recibir una indemnización económica como ya les ha reconocido el TSJC en 2010. De todas formas, Arcila, cree que en este último grupo también hay vecinos que en su momento no fueron convocados a la reunión en la que se acordó el proyecto de reparcelación de 1989 o la venta en 1998 y por lo tanto podrán intervenir ahora.
En el encuentro que se convoque en el plazo de un mes estarán presentes los actuales integrantes de la Junta como son representantes de Mapfre, ILT y los anteriores propietarios que se consideran estafados al no haber recibido cantidad alguna tras la compra. Las investigaciones policiales calculan que se dejaron de abonar a los dueños originales de Las Huertas alrededor de 5,2 millones de euros.
Arcila comparte el estupor y cierto pesimismo de los propietarios de Montaña Morera ante el auto judicial, pero considera que “es tal el cúmulo de ilegalidades manifiestas” que se han sucedido en este entorno que por mucho que se intenten blindar los intereses de ILT, “al final al concejal no le va a quedar otro remedio que hacer cumplir la legalidad”.
Y esta decisión pasaría por anular el PGO y elaborar un nuevo proyecto de reparcelación, “porque Urbanismo va a contar con la suficiente base legal para poder hacerlo”. Arcila adelantó que no piensan entrar a discutir si efectivamente ILT ha actuado en esta trama como “un tercero de buena fe” y en cuanto a la posibilidad recogida en el auto de acudir a la vía civil en caso de no llegarse a un acuerdo, apunta que no será necesario “porque simplemente aquí hay que restablecer la legalidad”.
Y ello sería así en aspectos concretos como la Ley de Directrices, tal y como se expondrá durante la reunión de la Junta de Compensación en las alegaciones sobre las que en estos momentos trabaja junto con otros abogados.
Por su parte, el concejal de Urbanismo sigue considerando que el auto judicial emitido la semana pasada es un éxito indudable para los vecinos de la trasera de Las Teresitas, pese a las reticencias de estos últimos a valorarlo de una manera igual de optimista. El próximo lunes Martín Bethencourt ofrecerá una rueda de prensa, aunque curiosamente ésta ha sido convocada en la sede del Partido Socialista Canario-PSOE de Santa Cruz y no en la Gerencia de Urbanismo.
Un detalle que viene a escenificar que la solución de este largo y enredado contencioso pasa más bien por una decisión política que técnica. De hecho, los informes elaborados por el personal del organismo autónomo sirvieron de base para defender los derechos de los compradores, casi por encima de los vecinos que se sienten estafados. Y lo cierto es que tal y como señala Arcila, la decisión última recaerá en el concejal que deberá decir la última palabra teniendo en cuenta las supuestas ilegalidades que durante esta reunión se van a poner sobre la mesa.