La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido dos años de cárcel para el jefe de servicio de Promoción Pública de Vivienda del Gobierno de Canarias, Juan Francisco Troya, a quien acusa de un delito de revelación de secreto por informar de datos “confidenciales y relevantes” a un matrimonio que estaba siendo investigado por el Ayuntamiento de la capital grancanaria en relación a un conflicto familiar sobre las escrituras de un inmueble.
El Ministerio Público reclama además para el acusado la pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El procedimiento, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria a la espera de la apertura del juicio oral ante el Juzgado de lo Penal, se inició en 2009 con la querella interpuesta por J.R.P., un vecino de la capital que acusó a Troya de interceder a favor de su cuñada y del marido de ésta durante la tramitación del expediente abierto por el consistorio capitalino para la resolución del contrato de arrendamiento de una vivienda de titularidad municipal.
El querellante reside desde principios de los años 80 en la planta alta de una vivienda de la calle Agustina de Aragón que fue adjudicada por el Ayuntamiento al padre de su esposa. Su suegro vivió en la planta inferior junto a su otra hija, I.M.P, la supuesta beneficiaria de la intermediación de Troya, hasta su fallecimiento en 1987.
Según figura en las conclusiones provisionales del fiscal, la planta baja del inmueble permaneció desocupada desde esa fecha, ya que I.M.P. ''no la ha habitado de forma efectiva“. Por este motivo, J.R.P. elevó varios escritos al Ayuntamiento solicitando la adjudicación de la vivienda, lo que dio lugar a la incoación del expediente.
En un informe fechado el 13 de noviembre de 2006, dos trabajadoras sociales del Ayuntamiento reconocieron haber recibido una llamada telefónica de Juan Troya interesándose por la fecha de la visita a la casa y apremiándolas para resolver de forma favorable a la cuñada del querellante.
El Ministerio Público relata en su escrito que, tras conocer este dato, Troya contactó con el matrimonio, con quien se había entrevistado días antes, para facilitarle la información que le suministraron las trabajadoras sociales. Sin embargo, ante las presiones recibidas, las empleadas municipales decidieron cursar la visita un día antes de lo previsto, “sorprendiendo al matrimonio en plena simulación de ocupación de la vivienda”.
Para el fiscal, “resulta evidente que Juan Troya conocía que dicho dato, la fecha de la visita de los denunciados en el expediente, era un dato confidencial y relevante para su resolución, habiendo perjudicado, al menos potencialmente, tanto al querellante, promotor del expediente administrativo, como a la causa pública, esto es, la debida y correcta resolución del mismo”.
Dos acusadas por prevaricación
La Fiscalía también ha acusado de un delito de prevaricación a Dolores López, jefa de servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la época de los hechos denunciados, y a Yolanda Ventura, entonces directora del área de Vivienda y Servicios Sociales.
En el año 2007, López elevó a Ventura una propuesta de resolución en la que abogaba por la desestimación de la denuncia de J.R.P. al no considerar acreditado que la vivienda estuviese desocupada, en contra de los datos facilitados por las trabajadoras sociales en su informe.
Ventura, por su parte, firmó la resolución a pesar de que, según el fiscal, “tenía pleno conocimiento de la arbitrariedad en la que se fundaba” al saber de la existencia del informe de las trabajadoras sociales y del intento de simulación de ocupación del inmueble por parte del matrimonio. Finalmente, la resolución fue declarada nula por sentencia del 11 de febrero de 2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.
El Ministerio Público pide para las acusadas ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.