Sergio Tinguaro Falcón, presidente de Nuevas Generaciones de Canarias, la organización juvenil del PP que preside José Manuel Soria en las Islas, se enfrenta a la petición de dos años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía de Las Palmas, por estafa, falsificación de documentos públicos y privados y amenazas graves contra su abuela y su tío.
Falcón García, junto a sus padres y una de sus hermanas, “actuaron de común acuerdo” y con “ánimo de ilícito enriquecimiento” para lograr que la abuela de la familia, L.D.R., firmara una escritura pública en la que transmitía a los acusados por la Fiscalía de Las Palmas la propiedad de una vivienda a cambio de 90.000 euros que nunca fueron pagados por Sergio Tinguaro, su hermana y sus padres a su abuela, según publica este jueves el diario El País.
Según el escrito de denuncia del fiscal al que ha tenido acceso el diario madrileño, tras la denuncia de los hechos por parte de los afectados, la familia del líder juvenil del PP canario decidió “idear un plan de auténtico chantaje” junto con otro familiar. Para poder abonar los 90.000 euros a su abuela, pidieron un préstamo en una entidad bancaria en la que trabajaba un tío de los acusados, L.F.G.
Relata el fiscal que lleva el caso en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria que este tío de los acusados requirió los documentos para iniciar el trámite del préstamo, “en la creencia de que la solicitud era seria y contando con la autorización verbal de su hermana, cuñado y sobrinos”.
Intentaron chantajear a un tío empleado de banca
La Fiscalía asegura que, una vez que el tío bancario accedió a pedir la información del crédito con consentimiento verbal de sus familiares, estos presentaron una reclamación ante el Servicio de Atención al cliente de la entidad y le pidieron que remitiera el consentimiento escrito de sus familiares para acceder a sus datos en el Banco de España, indica El País.
El plan se basó en obligar al tío a abonar al clan familiar la cantidad de 120.000 euros a cambio de retirar su reclamación y de dar el consentimiento escrito necesario para que un empleado bancario pudiera acceder a los datos privados del Banco de España. El abogado de los acusados comunicó al tío bancario la intención de sus clientes y éste lo denunció ante la Policía.
En abril de 2008, según la Fiscalía, el tío y la otra parte de la familia se citan ante un notario para hacer la entrega del dinero a cambio de la firma que evitaría el despido de L.F.G. de la entidad bancaria.
La bolsa que transportaba contenía 30.000 euros y cartones para aparentar los 120.000 solicitados; el paquete estaba preparado por la policía que le había tendido una trampa al clan que lideraba el presidente de Nuevas Generaciones de Canarias. Cuando los acusados estaban contando el dinero, la policía entró en el recinto y los detuvo.