La Fiscalía de Las Palmas ha enfilado la proa de su investigación en el marco del caso Reyes hacia el puerto deportivo Marina del Rubicón, ubicado en el municipio lanzaroteño de Yaiza y propiedad de los empresarios turísticos imputados también en el caso Unión Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas.
El fiscal Ignacio Stampa, en un escrito remitido a la nueva juez de Instrucción 2 de Arrecife en agosto pasado, solicita de la magistrada, entre otras diligencias, que se oficie al Ayuntamiento de Yaiza para que aporte a la mayor brevedad posible copia compulsada del expediente administrativo de licencia de obras 72 / 03, promovido por Puerto Deportivo Rubicón S.A.
La mercantil señalada por la Fiscalía es la promotora de la conocida Marina del Rubicón, una instalación portuaria de recreo que durante el mandato 1999-2003 vio paralizada su construcción por orden judicial, a iniciativa de grupos ecologistas de Lanzarote que interpusieron un procedimiento contencioso-administrativo.
La obra, sin embargo, siguió adelante al recibir el juzgado una comunicación vía fax desde el Gobierno de Canarias, alertando a la Justicia del problema que suscitaría no culminar la infraestructura ante los materiales de construcción ubicados en la zona y el efecto de las mareas sobre los mismos, que hubieran podido dañar el litoral marino.
Según fuentes consultadas por CANARIAS AHORA, Marina del Rubicón tuvo el visto bueno del Gobierno de Canarias sin que por parte de los organismos responsables de la Comunidad se hiciera un estudio, durante un año previo al inicio de la construcción, de mediciones batimétricas para conocer el régimen de mareas de la zona.
Tampoco se requirió de la promotora el acta de replanteo necesario, ni designó el propio Gobierno a la dirección de obra que debía proponer la promotora entre una terna de candidatos. Además, para levantar el puerto, que sólo admitía escolleras, no se impidió que se realizaran depósitos de finos que afectaban al ecosistema marino.
En su momento, los promotores también decidieron construir en tierra de la Marina un centro comercial no contemplado entre los tipos de servicios permitidos en una infraestructura como esta, que además perjudicó a otra mercantil que ya había adquirido una parcela para instalar otro centro comercial, un conflicto que acabó abriendo otro procedimiento contencioso en los juzgados de la isla.
La decisión del fiscal Stampa de solicitar a la juez la licencia de obras de Marina del Rubicón se enmarca dentro del vasto caso de licencias ilegales otorgadas a hoteles del municipio por parte del ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes.
Figura en el mismo escrito en el que el ministerio público pide a la juez investigar si la retracción del ex político del Partido Nacionalista de Lanzarote, después de haber señalado a empresarios que le habrían dado dinero a cambio de licencias de obra ilegales, responde a una estrategia común de los imputados, como así hacen prever los indicios de la Fiscalía.
En el mismo escrito, el Ministerio Público pretende indagar a qué países podrían haber viajado tanto el ex alcalde, su esposa Antonia Torres Perdomo y sus hijos Beatriz, Noelia y Francisco Abel,. así como un nuevo personaje que aparece ahora en esta trama, José Sergio Martín Cañadillas.
Se sigue el rastro de un presunto blanqueo de capitales de los ingresos ilegales que pudiera haber percibido José Francisco Reyes en todo su mandato al frente del Ayuntamiento de Yaiza, una cantidad estipulada en la investigación, como mínimo, en torno a los 630.000 euros.