La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha presentado un recurso de apelación ante el juzgado de lo Penal número cuatro de Las Palmas contra la sentencia absolutoria a favor del ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Manuel Arnáiz, por un presunto delito de desobediencia, como consecuencia de la tramitación del concurso restringido para el desarrollo de la actuación Puerto-Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, comúnmente conocido como proyecto de la Gran Marina.
El juez declaró probado que “el secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento en resolución de fecha 25 de noviembre de 2004, acordó la incoación de expediente de revisión de oficio del concurso restringido para el desarrollo de la actuación Puerto-Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria” y se adoptó como medida cautelar “la suspensión de la ejecución del pliego de bases de dicho concurso y la suspensión cautelar de las actuaciones jurídicas y materiales de ejecución que se deriven del mismo”.
En el recurso, el fiscal Ernesto Vieira expone que “esta orden no fue obstáculo para que el acusado, con apoyo en otras personas, posibilitara que se procediera durante los días 1 a 3 de diciembre de 2004 a la exposición pública de los proyectos que competían en el concurso restringido, primero en las propias oficinas de la Autoridad Portuaria, y más tarde en el Edificio Miller para el público en general”, además de una nueva exposión en las mismas instalaciones de los los proyectos de los seis equipos de arquitectos seleccionados ni para que el 21 de enero se fallase el concurso.
En el escrito, Vieira insiste en que el “acusado reconoce que recibió advertencias sobre la responsabilidad en que podría incurrir y así figura en su declaración sumarial entre los folios 1.090 y 1.093”. En otra de sus conclusiones, también resalta que “el Ministerio de Fomento es competente para dictar la orden, y que el obligado de cumplimentarla es el presidente de la Autoridad Portuaria, dependiente del Ministerio de Fomento y no del Consejo de Administración del Puerto”.
Por todo ello, solicita la revocación de la sentencia absolutoria contra Arnáiz que se dictó el pasado 21 de noviembre y para quien el Ministerio Público pidió inicialmente diez meses de multa con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de un año y seis meses por un presunto delito de desobediencia grave.