El Patronato de la Fundación para el Desarrollo Social de Canarias (Fundescan), adscrita a UGT, ha formalizado este jueves el procedimiento concursal en el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas, ante la situación de insolvencia en la que se encuentra.
Además, Fundescan ha trasladado a la Fiscalía una auditoría externa sobre los ejercicios 2007, 2008 y primer semestre de 2009 por si hubiera algún delito contra la Hacienda Pública por parte del anterior patronato, que fue sustituido en julio de 2009 por el actual.
Fundescan informó en un comunicado que el nuevo Patronato se encontró con el total desconocimiento de la realidad económica y financiera de la Fundación, porque la anterior dirección no efectuó la obligada dación de cuentas.
El Patronato requirió notarialmente a la anterior dirección para que subsanara las deficiencias observadas, y ante la falta de respuesta encargó una auditoría externa, que se ha retrasado hasta ahora por la desaparición de la contabilidad.
Una vez reconstruidas las cuentas de los ejercicios 2007, 2008 y primer semestre de 2009 “se observa que las anteriormente existentes arrojaban saldos ficticios ligeramente positivos, cuando en realidad contenían una deuda subyacente que, en el ejercicio de 2007, superaba ya los cinco millones de euros”.
Además, se produjeron requerimientos de deudas por parte de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de varias entidades bancarias.
La situación de la Fundación ha impedido la negociación previa con los trabajadores de Fundescan y los acreedores, antes de la formulación del concurso, señala la nota.
En el momento de su quiebra, trabajaban para Fundescan 160 trabajadores y la deuda acumulada era de 9 millones de euros, según sus empleados.
Fundescan prestaba servicios de orientación laboral para desempleados, cursos de formación profesional, cooperación internacional y gestionaba dos casas de acogida para víctimas de violencia machista con capacidad para quince unidades familiares.
También tenía un equipo de intervención para intervenir a nivel psicológico, legal y social con las víctimas de malos tratos y regentaba las oficinas comarcales para intervención con mujeres.
Para esta labor tenía convenios con el Instituto de Atención Socio-sanitaria del Cabildo de Tenerife así como con el Servicio Canario de Empleo y el Instituto Canario de la Mujer del Gobierno de Canarias, administraciones que según los trabajadores de Fundescan han permitido la mala gestión del dinero.