Cuando aún colea el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha supuesto el despido de 34 trabajadores, la empresa pública Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental) ha rubricado un contrato con un asesor externo que percibirá 45.390 euros por la reorganización y la gestión del sistema de calidad de la sociedad y por la realización de auditorias de control de procesos y proyectos.
Gesplan ha adjudicado este servicio a Manuel Luaces, administrador único de Luaces Consultores, mediante el procedimiento de negociado sin publicidad y con un plazo de ejecución que expira el 31 de enero de 2013. Según consta en documentación interna de la empresa a la que ha tenido acceso este periódico, el único criterio utilizado para la adjudicación ha sido la mejor oferta económica.
La empresa pública cursó invitación a tres empresas, como marca la Ley de Contratos del Sector Público. De ellas, Cutie Consulting declinó participar en el proceso y Gestión Exterior Canarias presentó una oferta con el presupuesto máximo estipulado por Gesplan, 47.895 euros.
En el informe justificativo de esta contratación, la empresa pública arguye que no dispone de los medios humanos y materiales suficientes para la realización de los trabajos, por lo que “estima necesario” externalizar este servicio, pese a disponer de un departamento de procesos de calidad. En el contrato suscrito con Manuel Luaces se estipulan las remuneraciones que percibirá el asesor externo por cada uno de los servicios: 15.330 euros por las auditorías (365 euros por hora), 13.650 por la gestión del sistema, 13.650 por el seguimiento de proyectos y 5.265 por apoyo a la reorganización, estos tres últimos conceptos por 60 euros la hora.
Luaces tiene un amplio historial de colaboraciones con Gesplan. El año pasado ya firmó otros dos contratos con la empresa pública a través de Proesform, antecesora de Luaces Consultores y de la que era socio director. Por el primero de ellos, rubricado en marzo por adjudicación directa, percibió 17.880 euros. Su labor consistía en asesorar en actuaciones de dinamización y modernización de los núcleos turísticos de Morro Jable, Corralejo, Costa Teguise y Puerto del Carmen. Aunque el servicio finalizaba a finales de diciembre, Luaces acabó los trabajos dos meses antes, contabilizando un total de 300 horas.
El segundo contrato entre Luaces y Gesplan se firmó en mayo y ascendió a 59.300 euros, en el límite del procedimiento de negociado sin publicidad (hasta 60.000 euros) y con unas circunstancias similares a las de este año, con las mismas empresas licitadoras. Cutie Consulting tampoco participó en el proceso y Gestión Exterior Canarias presentó una oferta más elevada.
Para justificar esta adjudicación, destinada al “apoyo al seguimiento de la gestión de proyectos y otras labores de comprobación de procedimientos”, Gesplan defendió que se había producido un “cambio estratégico” y que era necesaria una nueva figura de “consultoría especializada”para reforzar un equipo con un perfil profesional “de tipo técnico muy marcado”. Además, incidía en la necesidad de “reestructuración” de la empresa ante los convenios de colaboración firmados con el Servicio Canario de Empleo para la generación de empleo eventual.
Del gasto de personal al gasto corriente
Los trabajadores de Gesplan ya denunciaron a finales de mayo la política laboral del gerente Rafael Castellano, que contrató al menos a dos asesores externos, de los que hasta el momento no han trascendido datos, mientras se tramitaba el plan de ajuste que ha desembocado en el despido de 34 trabajadores, 24 en la provincia de Las Palmas y 10 en la de Santa Cruz de Tenerife. El Comité de Empresa señala que, tras la aplicación del ERE, la empresa ha aumentado de forma considerable la contratación de trabajadores autónomos para poder acometer las encomiendas que hasta la fecha tiene comprometidas con las administraciones y que, según datos de los propios trabajadores, ascienden a los 18 millones de euros, una cifra similar a la que manejaron el pasado año.
Entre las nuevas contrataciones figuran al menos tres trabajadores que fueron despedidos a finales del pasado año y que han retornado a la empresa como autónomos tras un procedimiento negociado sin publicidad en el que se ha repetido el mismo patrón: la renuncia de dos candidatos y la oferta ganadora del ex empleado. Además, la empresa está buscando delineantes para cubrir vacantes que ha dejado el ERE y por la oficina están desfilando estos días varios de los jóvenes licenciados que fueron contratados por seis meses gracias al convenio con el SCE.
Esta política revela, según un abogado de un conocido despacho de las Islas que está llevando algunos casos de empresas públicas, el “absurdo” del plan de ajuste de las mercantiles del Gobierno de Canarias, por el que deben reducir un 15% sus gastos estructurales fijos. “Por razones de normativa tienen que restringir personal, pero la empresa necesita a los trabajadores para cumplir con los encargos y contrata a autónomos. No se está ahorrando, sino que, desde el punto de vista contable, el gasto se está desplazando del capítulo de personal al de gasto corriente”, concluye.