El Gobierno de Canarias ha declarado bien de interés cultural (BIC) la práctica de la vela latina en Las Palmas de Gran Canaria como manifestación de la cultura popular con categoría de ámbito local.
El Consejo de Gobierno ha decretado esta protección en la sesión celebrada este lunes atendiendo al informe favorable elevado por el Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias, según ha informado su portavoz, Rosa Dávila.
La también consejera regional de Hacienda ha destacado que la vela latina forma parte del patrimonio etnográfico del Archipiélago por su categoría de expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo canario, tal y como se establece en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
En el caso de la vela latina de Las Palmas de Gran Canaria, se trata de una modalidad que “sólo se practica en la bahía de esta ciudad y que cuenta con unas características propias, como la de navegar en ceñida, es decir, contra el viento, lo que la diferencia de la del resto de las Islas”, tal y como se recoge en el dictamen del Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias.
Además, en su reunión de este lunes el Consejo ha autorizado ampliar en 48.119 euros el presupuesto de explotación de la sociedad mercantil pública Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca) correspondiente al ejercicio 2016 y dar cuenta de ello al Parlamento de Canarias, tal y como se recoge en la Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma de Canarias para 2016.
El aumento de la ficha financiera aprobado corresponde a la enmienda realizada por una encomienda realizada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para la ejecución del proyecto dinamizador de negocios internacionales en Mauritania 2016, cuya ejecución implica un incremento en los gastos de personal incluidos en el presupuesto de explotación de Proexca.
De acuerdo con el artículo 33.1 de la Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma de Canarias para 2016, la variación del presupuesto de explotación de Proexca precisa de la autorización del Gobierno. Además, debe informarse al Parlamento de Canarias, ha explicado Dávila.
De igual forma, el Consejo ha dado el visto definitivo, después de cumplir con los trámites estipulados, al decreto por el que se aprueba el procedimiento para que empresas especializadas puedan otorgar la certificación de sellos de calidad para los productos agroalimentarios.
Con esta medida, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias pretende simplificar y agilizar la obtención de este tipo de certificados, al ofrecer a los operadores un número mayor de empresas y, por lo tanto, aumentar la competencia comercial entre ellas.
Hasta ahora, este tipo de trámites los realizaba la administración, concretamente el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), al corresponder a figuras de titularidad pública, pero dado el gran número de denominaciones de origen como de indicaciones geográficas protegidas y de productores que quieren acogerse a ellas, es necesario articular el mecanismo adecuado para que se reduzca el tiempo de realización de los trámites y el proceso sea menos costoso, argumenta la Consejería.
Para acelerar el procedimiento y que los productores puedan beneficiarse lo antes posible del uso de estas empresas, las entidades podrán iniciar su actividad de forma provisional, siempre y cuando cuenten con acreditación para certificar el producto con el mismo nivel de protección que la exigida hasta el momento.
Además, para dar la mayor seguridad a quienes realicen la solicitud de las figuras de calidad se establece un régimen de comunicación previa y que el inicio de actividad estará condicionada a la obtención de la acreditación necesaria en un tiempo determinado.
Del mismo modo, la autoridad competente se reserva la realización de aquellos controles que considere convenientes, tanto a los operadores como a los organismos de certificación.
El decreto regula, además, cuáles serán las razones de suspensión o de pérdida del derecho a realizar la actividad para que se la autorizó.
Entre las obligaciones que deberán cumplir los organismos de certificación se encuentran el informar trimestralmente a la autoridad competente sobre el desarrollo de su actividad; comunicar cualquier circunstancia o actuación de los operadores que pueda suponer una infracción administrativa; o conservar los expedientes por un periodo mínimo, entre otras cuestiones.
Los sellos de calidad son uno de los principales instrumentos para distinguir la producción de origen canario de otra de similares características que no deja de ser una imitación.