SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Canarias ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Administración General del Estado por el trato “discriminatorio” dispensado a la Comunidad Autónoma, al reducir “de forma unilateral y sin negociación previa” su aportación al Convenio de Carreteras en el año 2012 desde los 207 millones de euros previstos a 68,45 millones.
En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha señalado que ya el pasado 11 de octubre el Consejo de Gobierno acordó requerir al Estado a que cumpliese los compromisos firmados en la Adenda al Convenio de Carreteras del año 2009, por la que a Canarias le correspondía una inversión en carreteras de 207 millones de euros para el presente ejercicio.
En este sentido, ha añadido que el pasado 30 de octubre, se recibió la transferencia de fondos estatales correspondiente a la partida mencionada por una cuantía de 68,45 millones de euros, lo que representa un 67 por ciento menos de lo acordado.
Ante este claro incumplimiento, el Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado en su reunión de hoy dictar las instrucciones precisas para que la Dirección General de los Servicios Jurídicos inicie cuantas acciones jurídicas sean necesarias, para que la Administración General del Estado cumpla sus compromisos “no verbales ni políticos, sino legales” con las islas.
El Gobierno entiende además que la decisión del Estado no se corresponde con una política general de recortes, sino con un trato consciente y plenamente discriminatorio a la Comunidad Autónoma, toda vez que el Gobierno central, en sus presupuestos de este año en materia de infraestructuras viarias y ferrocarriles, lejos de reducir la partida global, la incrementó al tiempo que asumía nuevos compromisos, como el AVE a Galicia, a costa de incumplir obligaciones ya adquiridas, como es el caso del Convenio de Carreteras firmado con la Comunidad Autónoma.
INVERSIONES ESTATALES
Marrero, por lo tanto, el desorbitado recorte de la partida para Canarias, no se justifica por una situación económica sobrevenida, sino por una elección de prioridades de las inversiones estatales en la que Canarias resulta claramente discriminada, una situación que se acentuará en el año 2013 ahonda en la discriminación, al consignar sólo 54 millones de euros para el convenio canario, cuando de nuevo la partida prevista se elevaba hasta los 207 millones de euros.
El recorte ya consolidado del 67 por ciento de los fondos para este ejercicio y el previsto del 73 por ciento en 2013, suponen que el Estado dejará de invertir en Canarias más de 291 millones de euros correspondientes a un convenio firmado, de ahí la decisión.