El Gobierno de Canarias ha advertido al Ayuntamiento de Mogán, a través de la Viceconcejería de Administraciones Públicas, con impugnar por la vía judicial varios decretos dictados por la alcaldesa, Onalia Bueno, en relación al nombramiento de dos nuevas auxiliares administrativos infringiendo el ordenamiento jurídico.
Según ha hecho público el Partido Popular en el municipio, esta advertencia de impugnación centra su atención en la necesidad de que concurran dos requisitos a la hora de llevar a cabo nuevos reclutamientos de personal: la excepcionalidad de la situación de hecho que justifica el acudir a dicha contratación, así como la existencia de necesidades urgentes e inaplazables. Por otra parte también se hace necesario que las categorías profesionales en cuestión sean prioritarias y afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
En este sentido, la Dirección General de Función Pública considera que el Ayuntamiento ha omitido toda justificación a la hora de llevar a cabo estas contrataciones y otorga un plazo de diez días, que expira este jueves, para que proceda a la anulación de ambos decretos o de lo contrario será la propia Dirección General de Función Pública la que llevará a cabo la impugnación de los mismos.
Para el portavoz de los populares, Maicol Santana, “lo alarmante es que esta medida dictada por la Viceconcejería no solo afectará a estos dos decretos, sino que dejará abierta la puerta a la impugnación judicial de las más de 30 nuevas incorporaciones de personal que han tenido lugar sin la correspondiente justificación de los requisitos que se recogen la Ley 26/2009, Ley 39/2010 así como en la Ley 3/2017 para la incorporación de nuevo personal en el sector público”.
Así, la formación conservadora culpa directamente a Bueno y al concejal de Recursos Humanos, Mencey Navarro, de volver a saltarse la ley al obviar por completo los procedimientos legales que se exigen para la contratación de personal en el sector público.
Santana entiende que esta “irresponsabilidad” de la alcaldesa “crea una clara indefensión e inseguridad jurídica y personal” para todos aquellos nuevos funcionarios temporales que se han incorporado a los distintos departamentos municipales en este mandato a través de las distintas listas de reserva y además “supone un nuevo golpe a la nefasta gestión de recursos humanos llevada a cabo por el bipartito Ciuca- PSOE”.