El Gobierno de Canarias ha anunciado una medida que ya está en vigor, en concreto un mecanismo de devolución del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para los turistas británicos, una vez dejen de ser ciudadanos de la Unión Europea (UE) tras el Brexit. El denominado tax free -que consiste en devolver al consumidor, en el caso de Canarias, el IGIC de determinados productos para turistas no comunitarios- es algo habitual en todo el territorio nacional y dentro de la Unión Europeas (UE), pues se aplica para extranjeros que residen fuera de la zona euro en base tanto a normativas europeas como nacionales.
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha reconocido que esta medida ya se aplica con “los ciudadanos rusos” y, a pesar de que la normativa establece que debe llevarse a cabo con todos los extranjeros no comunitarios, ha vendido como propia su ejecución para los británicos, una vez se produzca el Brexit, al afirmar que su Ejecutivo está “trabajando para poder llegar a un acuerdo bilateral. Nuestra condición de región ultraperiférica nos da esa cobertura legal en el seno de la UE”, ha dicho.
Sin embargo, lo realmente llamativo es la esperanza que deposita el Gobierno regional en esta medida para impulsar las ventas en los pequeños y medianos comercios isleños (puesto que carecen de esta ayuda, no así las grandes superficies, que ya gestionan la devolución del IGIC) al afirmar que podrán ser “más competitivos” y tener “mejores resultados”. Tal aserto contrasta con la capacidad que tendría realmente como llamamiento al consumo por parte de los británicos: “Están vendiendo optimismo, pero las probabilidades de atraer al turista británico por la devolución del IGIC son escasas porque ahorrarse, por ejemplo, 40 euros, no es un aliciente realmente determinante”, considera asesor fiscal José Alfonso García, de Prima y Asociados.
Un proceso complejo
José María Mollinedo, portavoz y secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), explica que la normativa vigente del IGIC permite su devolución en las compras de bienes cuyo valor total sea superior a 36,06 euros (impuestos incluidos) por cada factura, si el viajero no es residente en territorio peninsular español, Islas Baleares, Ceuta o Melilla. Así pues, pueden pedirlo tanto residentes en la UE como aquellos que vivan en terceros países.
La diferencia entre si el turista que haga la compra y pida la devolución del IGIC es residente en un país dentro de la UE o no, es que si está en zona comunitaria tendrá que validar la factura en la aduana de su territorio y, por ende, pagar el impuesto correspondiente en su país; en cambio, una vez se materialice el Brexit, el turista británico podrá pedir la devolución del IGIC sin tener que realizar dicho pago. “Esto se hace con la finalidad de evitar el fraude aduanero en países de la UE”, explica Mollinedo.
Además, en la actualidad, “el turista de un país tercero, antes de facturar su equipaje, debe dirigirse personalmente al Servicio de Vigilancia Fiscal del Gobierno de Canarias o al Resguardo Fiscal de la Guardia Civil, con su tarjeta de embarque, pasaporte, facturas de compras y los bienes por los que solicita la devolución, se diligenciarán las facturas, que debe enviar a su proveedor para que le efectué el reembolso del IGIC”, relata Mollinedo. Este complejo proceso hace que los turistas eviten pedir la devolución del IGIC.
Mayor agilidad en Península y Baleares
A partir de este 1 de enero de 2019 se ha implantado en Península y Baleares un sistema electrónico que permitirá a los ciudadanos residentes en países fuera de la UE pedir el reembolso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con mucha mayor agilidad. Esto es posible gracias a los denominados “quioscos”, unos terminales interactivos que permitirán a los turistas validar los llamados formularios DIVA, que se le entrega al viajero en aquellos establecimientos adheridos al sistema tax free en los que haya realizado su compra, lo que le permitirá el reembolso del IVA.
“Una vez confirmada la validación del quiosco, puede obtener directamente el correspondiente reembolso en una oficina -generalmente situada tras el paso por el control de seguridad en las aduanas de salida del territorio español- donde, a cambio de una comisión, se realizará el pago del reembolso al turista. Posteriormente, reclamará su importe al comerciante”, explica Mollinero, quien también detalla que el turista puede solicitar este reembolso en la tienda donde hizo sus compras, “aunque será una alternativa poco utilizada”, explica Mollinero.
El portavoz de Gestha relata que precisamente esto es lo que pretende llevar a cabo el Gobierno de Canarias bajo la probable denominación de formulario DIGIC tax free, “por el que los comerciantes canarios que se adhieran al sistema tendrán una pegatina en sus establecimientos”, que solo tendrán la obligación “de expedir el formulario junto con la factura”.
Sin embargo, además de que la devolución del IGIC podría no suponer un aliciente determinante para un turista británico a la hora de escoger su destino de vacaciones, esto podría provocar un aumento “del fraude aduanero en las islas británicas”, puesto que “la aduana británica no tendrá información ni será demasiado exigente para cobrarle el IVA interno de esos productos, sobre todo si no son declarados por el turista y pasan desapercibidos”.
Por otro lado, la creación de empresas situadas en las principales zonas comerciales isleñas que gestionen in situ la devolución del IGIC entre el turista y el establecimiento anunciada por el Ejecutivo regional también contrasta con el tiempo del que dispone el Gobierno autonómico para llevarlo a cabo pues, a priori, el Brexit se materializará el 30 de marzo y aún no se ha hecho nada en este sentido. “Lo realmente útil de esta medida es que se establezca la manera de hacerlo ágil, pero lo que ha anunciado el Gobierno de Canarias tardaría mucho tiempo en producirse” ha opinado García, quien no ve como una mala idea la posibilidad de colocar empresas que ofrezcan dicho servicio cerca de los comercios isleños.
Suprimir el AIEM en lugar de bajar medio punto el IGIC
El empresario Sebastián Grisaleña ha criticado la política fiscal del Gobierno de Canarias, que aprobó con el apoyo del PP una bajada de medio punto del IGIC y “que lo vende como un éxito extraordinario, pero como ciudadano yo tengo muchas dudas, porque bajar del 7 al 6,5% no va a repercutir en absoluto en los ciudadanos, van a regalar 300 millones de euros”.
Para el que fuera presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) la medida que debería haber tomado el Ejecutivo regional es la eliminación del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), porque la supresión de este impuesto con el que se grava a las mercancías importadas desde las Islas con un tipo general entre el 5 y el 15% permitiría ahorrar a los isleños hasta 150 millones de euros, que es lo que según Grisaleña se recauda con el AIEM.
Grisaleña afirma que el AIEM impide a Canarias ser “100% europeo” porque, según sostiene, en todo el continente existe un mercado libre con transportes de mercancías sin ningún tipo de aranceles. A su juicio, permitir que exista “un impuesto de protección cuando Canarias forma parte de la UE es ir contra natura” y, además, “afecta al costo de la mercancía y, por lo tanto, al consumidor”.
Por ello, Grisaleña ha criticado la decisión de mantener el AIEM por parte de Fernando Clavijo, pues la lista actual de productos gravados aprobado por uninanimidad en el Parlamento de Canarias en 2014 caduca en 2019 y al año siguiente debe comenzar a aplicarse en un nuevo listado. “Se está preparando un nuevo listado a partir de 2020 con más productos y más tipos impositivos” relata Grilaseña, para quien es “más fácil eliminar esto de una vez para ser europeos al 100% y no una bajada absurda de medio punto que no va a repercutir al consumidor canario”.