“El Gobierno de Canarias está renunciando a 150 millones de euros que al final es gasto público que va a tener que recortar de algún lado”. Así resume el economista y presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Antonio Olivera, las consecuencias de la medida anunciada por Coalición Canaria y el Partido Popular para sacar adelante los presupuestos autonómicos para 2019, en los que se incluyen una bajada del tipo general del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de medio punto, es decir, del 7% al 6,5%.
A priori, la bajada del IGIC afecta a los servicios de teleasistencia y de atención a las personas dependientes, así como a productos básicos de la cesta de la compra (pan, aceites y pastas) y a la factura de la energía eléctrica. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, defendió que esta medida fomentará una mayor competitividad empresarial al mismo tiempo que supondrá un ahorro para los contribuyentes de casi 150 millones de euros. En total, estimó en 110 millones de euros lo que el Ejecutivo regional dejará de recaudar.
Sin embargo, Olivera explica esa cifra se queda “corta” cuando se acude a la memoria financiera de los presupuestos, pues con sus estimaciones calcula que realmente dejarán de recaudar unos 150 millones de euros que afectan en un 58% a las corporaciones locales (cabildos y ayuntamientos) y en un 42% a la administración regional .
“Al bajar impuestos hay que explicar qué gastos descienden. Bajar el IGIC puede ser una medida efectiva siempre y cuando los servicios públicos esenciales funcionen de una manera eficiente y adecuada, pero tenemos unos servicios públicos muy deficientes y, a la vez, somos los más ahorradores, los más austeros, los que menos gastamos y, encima, bajamos impuestos. Esto siempre se ha hecho a costa de los servicios públicos fundamentales y de estar a la cola en España”, explica el economista.
Para ilustrar sus palabras, Olivera lo ejemplifica con la dependencia: de poco vale bajar la imposición a este tipo de servicios cuando la consejera de Políticas Sociales ha sido reprobada por el Parlamento de Canarias debido a su “pésima” gestión, pues el sistema de atención de Canarias es el peor desarrollado de toda España, con más de 10.000 personas en lista de espera. “Es como empezar la casa por el tejado”.
En este sentido, la Plataforma 5% para la Educación ha recordado que “mientras la contribución fiscal decrece y se anuncian nuevos recortes de ingresos en forma de rebajas fiscales, Educación ha perdido un 0,4%”. El colectivo considera que no se puede justificar ninguna rebaja fiscal mientras el gasto social no recupere niveles anteriores a la crisis.
Medio punto
“Los precios son rígidos a la baja”, explica el economista Agustín Márquez y representante de la empresa Harinera Lanzaroteña S.A., quien pronostica que, dado que el IGIC solo ha bajado medio punto, “se mantendrán y beneficiará a los empresarios”. Es decir, una entrada de cine que por ejemplo cueste 9 euros con el impuesto indirecto, si se le quita, el precio no baja, sino que se mantiene y ese diferencial beneficia al empresario, según ejemplifica Antonio Olivera.
Desde la Plataforma 5% para la Educación recuerdan la bajada del tipo impositivo del IGIC a las Telecomunicaciones del 7% al 3% en el presupuesto de 2018, que ha supuesto una merma de recursos de más de 40 millones de euros en los ingresos de la comunidad autónoma a cambio de una reducción en la factura telefónica de apenas 2 euros por hogar.
También se bajó el IGIC cultural en 2017 del 7% al 3%. Cuando fue preguntado por la incidencia en los precios, el consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, reconoció sin reparo alguno que desconocía cómo y de qué forma se había trasladado al consumidor esa reducción.
El Partido Popular ha reivindicado constantemente su predilección por bajar los impuestos lo máximo posible, pero el Gobierno de Fernando Clavijo se excusaba al inicio de su legislatura en que hasta que no se revisara el sistema de financiación no aprobaría una bajada del IGIC. Ahora, se le concede la principal demanda que esgrimió al presidente del PP de Canarias Asier Antona para apoyar a CC: rebaja fiscal y contención del gasto. Pero la intención de los populares es conseguir que disminuya hasta el 5% previo a la crisis si se autoriza el gasto del superávit.
Pero el presidente de la ZEC explica que ya pueden, si quisieran, gastar el superávit, solo que deben destinarlo a “inversiones financieramente sostenibles”. Lo que no pueden es gastarlo en lo que quieran hasta que Madrid lo permita o hasta que la autonomía pueda flexibilizar la regla de gasto, para lo que es necesario modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
En cualquier caso, por un lado CC y PP bajan medio punto el IGIC, cuyo impacto sobre los precios será prácticamente nulo, y, por otro, reclaman poder gastar el superávit para invertirlo en servicios públicos esenciales. Para Olivera “No tiene sentido exigir al Estado justo lo contrario de lo que están haciendo con sus recursos.”
Tanto el PSOE, como Nueva Canarias y Podemos han criticado los presupuestos presentando enmiendas a la totalidad. Sobre la bajada de medio punto del IGIC, Nueva Canarias incluso cree que la pérdida de recaudación aumentará hasta unos 180 millones de euros. En este sentido ya se ha pronunciado la Unión General de Trabajadores en Canarias, que no ve un momento propicio para una rebaja fiscal que además no cree que ayude a crear nuevos puestos de trabajo.