El Gobierno canario cesa a un jefe de servicio crítico con la gestión del área de menores

La Consejería de Bienestar Social, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha cesado al jefe de servicio de Protección de Menores, David León, que llevaba apenas cuatro meses en el cargo. “Mis principios nunca han estado en venta ni nunca lo estarán”, reflejó en un escrito a sus compañeros, donde recordó que probablemente personas de dentro de la Dirección General querían que “desapareciera”. Desde la Consejería, por su parte, señalan que el motivo del cese es que “el perfil no encajaba con las necesidades del puesto en el momento actual”. Y añaden que “se requería otro perfil más organizativo y administrativo”.
Fuentes de la Consejería también insisten en que el cese se produjo “mucho antes” de la intervención del centro de menores de Bandama, por lo que no lo relacionan con este hecho. No obstante, el cese se produce en un contexto en el que se han cerrado recientemente dos centros de menores migrantes por supuestos malos tratos a los jóvenes y por el mal estado de los dispositivos. El último en cerrar (cuatro días después del cese de León) ha sido Fortaleza I, situado en Gran Canaria y gestionado por la organización Quorum 77. La Justicia ordenó su clausura por presuntas vejaciones y delitos de odio hacia los jóvenes acogidos.
Hace solo un mes, el jefe de servicio cesado ordenó el cierre del dispositivo Volcán de Timanfaya, instalado en Playa Honda, Lanzarote, por las deficiencias de las instalaciones y por la desprotección que sufrían los adolescentes. Fue el segundo centro que León clausuró, al haber dictado también el desalojo de un dispositivo en Gran Canaria gestionado por la fundación Cruz Blanca.
El ya exjefe de servicio envió un correo electrónico el pasado 15 de mayo de despedida a los trabajadores y trabajadoras en el que expresaba cómo se sentía al sufrir el “exceso de horas de dedicación”, “la falta de horas de descanso” y el “maltrato” a su profesionalidad. “Yo no promovía sus intereses, de hecho, apuesto a que hubo quorum en la decisión tomada”, dijo. “En defensa de los derechos de la infancia, nos veremos en el camino”, expresó.
Fuentes consultadas por este periódico apuntan a que el criterio del antiguo jefe de servicio chocaba contra el de la Dirección General, área que dirige Sandra Rodríguez. Según estas fuentes, se prioriza mantener los centros abiertos a pesar de que en ellos no se garantice el interés superior de los menores. En esta línea, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha relacionado el mal estado de los recursos con el bloqueo de los traslados a la Península. Las derivaciones han sido objeto de tensiones políticas en los últimos meses. En relación al cierre de Fortaleza I, Delgado aseguró que el hacinamiento de los centros “favorece” la tensión, aprovechando el caso para exigir al Estado que se agilicen las derivaciones, estancadas por el rechazo de las comunidades del PP.
Según ha podido saber este periódico, León apostaba por un mayor control de las entidades a las que se les adjudicaba la gestión de los centros por la vía de emergencia. Este procedimiento, activo en Canarias desde la emergencia humanitaria de 2020, permite externalizar la administración de los centros, dar contratos a dedo y con muy pocos controles y transparencia.
Trabajadores del área de menores del Gobierno de Canarias consultados por este periódico expresan que en muy poco tiempo no pudieron estrechar relación con el jefe de servicio, pero que era una persona que tenía criterio propio. También exponen que “estaba construyendo una forma de controlar a las entidades que regentan centros y reciben una ingente cantidad de dinero”.
“Caída en picado del sistema”
CCOO envió el mismo 15 de mayo un escrito a la Consejería de Bienestar Social en el que refleja que “el cese del Jefe del Servicio de Prevención y Protección de Menores. El hecho acentúa más la caída en picado del Sistema de Protección a la Infancia en Canarias”.
“Los últimos jefes o huyen despavoridos como la antepenúltima jefa, o dimiten como el anterior o los cesan como el último. Pensemos… el fallo no puede estar permanentemente en las jefaturas… el fallo está en no hacer caso a los empleados y empleadas públicas que siempre están en primera línea, en no empatizar con ellos, en no percatarse que una nueva jefatura tarde varios meses en darse cuenta de lo que significa ser Jefe de un Servicio como el que nos ocupa y no quieren que tengan personalidad propia, si fueran una marioneta de la Dirección General… ”, destaca el escrito firmado por Hermann Luis Dait Yanes Portavoz de la sección sindical de CCOO.
Los trabajadores del área insisten en sus reivindicaciones en cuestiones como “negociar con la representación del personal una nueva estructuración de la RPT que adecúe los recursos humanos de la Dirección General a sus necesidades funcionales”. También piden “garantizar la existencia de equipos multiprofesionales, integrados por profesionales de la educación social, el trabajo social y la psicología para realizar la valoración e intervención con personas menores de edad desde el inicio hasta la finalización de las medidas de protección, evitando situaciones de sobre intervención”, entre otras.
Asimismo, en su reivindicación sobre el control de centros, también piden la creación de un buzón anónimo para que los trabajadores, usuarios etc que sepan de sucesos importantes en los centros, pero puedan tener miedo, lo denuncien en ese buzón.
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