El Gobierno canario crea un servicio de Inteligencia en la policía autonómica a las órdenes de un cargo político

El Gobierno de Canarias ha creado una oficina de Información en la Policía Autonómica que tiene, entre otros, el objetivo de implementar y liderar un servicio propio de inteligencia. Es decir, una unidad que “detecte y evalúe nuevos fenómenos que puedan representar un riesgo para la seguridad a medio y largo plazo”. Ese grupo fue constituido pocos días después de llegar al puesto por el actual director de seguridad del Ejecutivo, David del Pino Franquet, un subcomisario del cuerpo que fue elegido para este cargo político tras el pacto suscrito en 2023 por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) con el apoyo de las agrupaciones Herreña Independiente (AHI) y Socialista Gomera (ASG).

Del Pino adscribió de manera temporal a dos agentes de la Policía Canaria a su Dirección General. Por lo tanto, a sus órdenes y en su centro de trabajo.

La ley de creación de la Policía Canaria, que data de 2008, no contempla esas competencias de información o inteligencia. El artículo 19 limita las funciones del cuerpo autonómico a la vigilancia y protección de personas y dependencias de la comunidad autónoma, a velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes regionales o a las tareas de inspección y “ejecución forzosa”, así como a tareas de seguridad ciudadana.

La norma precisa que las áreas sobre las que debe prestar “especial atención” la Policía Canaria, en virtud de las competencias transferidas a la autonomía, son las vinculadas con el medio ambiente y los recursos naturales, la ordenación del turismo, la inspección del transporte terrestre interurbano y el marítimo interinsular o el patrimonio cultural, además de colaborar con las instituciones en la tutela de menores, de migrantes y en los servicios de salvamento marítimo.

Sin embargo, el director de Seguridad se ampara en la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en 2018 y, en concreto, en su artículo 148, que incluye una referencia genérica a las competencias de Canarias en “el establecimiento de políticas de seguridad”, todo ello “sin perjuicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado” y de lo previsto en la Constitución sobre cuestiones de seguridad pública.

Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil disponen de servicios de inteligencia para la “captación, recepción, tratamiento y desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad pública”. También cuentan con unidades de este tipo cuerpos autonómicos con más historia y con competencias más desarrolladas, como los Mossos D'Esquadra o la Ertzaintza. La policía catalana incluye entre sus funciones la “prevención y neutralización de las situaciones de riesgo para las personas y los bienes”, así como la “investigación criminal, incluidos el crimen organizado y el terrorismo, en los términos que establece la ley”. La policía vasca, por su parte, cuenta con una Oficina Central de Inteligencia encargada de “la recogida, tratamiento y análisis sistemático de la información criminal e incidental, y de las condiciones que contribuyen a su desarrollo”.

“Funciones especiales” de información

Las fuentes consultadas por este periódico señalan que para la creación de este tipo de servicios y la asunción de competencias es necesario un acuerdo con la administración central del que no hay constancia de que se haya producido. Sin embargo, el director canario de Seguridad interpretó esa referencia en el Estatuto al “establecimiento de políticas de seguridad” como un “impulso a las competencias autonómicas” y una justificación para atribuirse, como centro directivo, unas “funciones especiales de información”. Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico. Está fechada el 28 de agosto. Es decir, tan sólo 27 días después de acceder al puesto.

En ese escrito, David del Pino señala que la reforma del Estatuto de Autonomía en ese concreto artículo obliga de manera “urgente” a replantear el modelo operativo de la Policía Canaria con el objetivo de “avanzar en su máximo desarrollo”.

Tan urgente estimaba el alto cargo la necesidad de crear el nuevo grupo de información que lo constituyó de manera provisional, sin esperar a modificar la estructura orgánica de la Policía Canaria, y adscribió “temporalmente” a un inspector y a una policía a su propia Dirección General para realizar estas “funciones especiales”. Estos agentes dejaron, por tanto, sus puestos dependientes de la jefatura de la Policía Canaria (uno de la Unidad de Recursos Operativos y la otra de la Unidad Operativa Móvil) para pasar a depender del centro directivo liderado por David del Pino. La decisión implicó, incluso, un cambio de sede, de la comisaría en la que ejercían, situada en Santa Cruz de Tenerife, a la de la Dirección General, ubicada en el municipio de La Laguna. Según fuentes consultadas por este periódico, aún siguen en estos destinos.

La resolución de agosto atribuía a esa oficina de información catorce funciones. Entre otras, elaborar “estudios, informes técnicos y propuestas de planificación sobre políticas de seguridad a la vista de la evolución de los fenómenos delincuenciales”; liderar e implementar el “plan de inteligencia” de la Policía Canaria; “favorecer las interrelaciones con el mundo académico, universitario y, en general, con cualquier organización dedicada a la investigación y a la generación de conocimiento”; detectar y evaluar “nuevos fenómenos que puedan representar un riesgo para la seguridad a medio y largo plazo”; elaborar documentación “que facilite la toma de decisiones de la Dirección General de Seguridad en relación con las amenazas y riesgos”, o “identificar y planificar las necesidades tecnológicas” de la Policía Autonómica.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Nieves Lady Barreto (CC) no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico. Sin embargo, en un contenido patrocinado publicado esta misma semana en el periódico La Provincia se hace referencia a la labor ejercida por el inspector destinado a esta Oficina de Información. Su puesto, dice ese artículo, consiste en “la captación de información de distintos medios y relacionado con diferentes ámbitos que sea de interés para los asesores políticos y mandos policiales. Se capta dicha información, se analiza, trata y transforma en inteligencia al efecto de que puedan tomar decisiones motivadas en todo aquello que se traslada”.

Este inspector señala en ese mismo medio que su unidad realiza seguimiento en redes sociales o mensajería instantánea “a grupos que puedan causar algún tipo de inestabilidad social en Canarias a los efectos de prevenir y reforzar cualquier tipo de servicio para evitar dichos infortunios”.

Nueva estructura

Además de la adscripción de esos dos agentes a la Dirección General de Seguridad para realizar esas “funciones especiales de información”, la mencionada resolución de agosto del año pasado encomendaba a otros cinco agentes de la Policía Canaria tareas de protección de autoridades, también con atribución temporal. Meses después, en enero de este año, se publicaba en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) otra resolución con la nueva estructura del cuerpo. En ella se incluye, dentro de la unidad de régimen interior, esos dos grupos, la Oficina de Información y la protección de autoridades.

Esa resolución, firmada por el mismo director de Seguridad, señala que “el modelo de servicio debe ser cada vez más preventivo y predictivo, mediante el uso de las tecnologías y procedimientos de trabajo, basados en el flujo de información y de cooperación con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Además, alude a “la asunción sobrevenida de competencias en materia de policía judicial” y, más en concreto, de los casos relacionados con la violencia contra la infancia y la adolescencia, los servicios encomendados por las fiscalías y los juzgados de instrucción y “el aumento de los servicios demandados por la ciudadanía canaria relacionados con hechos delictivos concretos”.

David del Pino precisa en ese escrito que los grupos de información y de protección de autoridades dependen “orgánicamente” del cuerpo general de Policía y “funcionalmente” de “la Dirección General de Seguridad y/o la jefatura del cuerpo”. Según las fuentes consultadas por este periódico, los dos agentes de la Oficina de Información siguen trabajando en la sede y a las órdenes del director general.