El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un decreto ley por el que bonifica el impuesto de sucesiones y donaciones por razón de parentesco, una media que según los cálculos del propio ejecutivo tendrá un coste fiscal de 18 millones de euros anuales para la Hacienda pública. Sin embargo, pese a que se ha dado luz verde a esta medida, con su consecuente coste para las arcas públicas, también se ha reconocido que “el crédito de 2023 va a ser insuficiente”.
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes de que en el caso de la comprometida reducción del IGIC, cuyo tipo general está en el 7% y que fue una de las promesas electorales de los partidos del Ejecutivo (Coalición Canaria y PP), de momento no se ha acordado nada, hasta analizar las insuficiencias de crédito detectadas en algunas partidas, especialmente en Sanidad por el pago de salarios y el gasto farmacéutico.
La consejera entiende que en educación y especialmente en sanidad no se cubrirán los créditos que están marcados en el presupuesto (en sanidad el Gobierno calcula una desviación de más de 500 millones) debido al elevado gasto en personal y en el capítulo farmacéutico por lo que habrá que “cubrir” los fondos hasta final de año. “El crédito de 2023 va a ser insuficiente, hemos hecho una proyección de la insuficiencia y tendremos que cubrirla”, ha explicado Asián, sin concretar las cifras.
Bonificaciones en el impuesto de donaciones y sucesiones
En cuanto a la bonificación del impuesto de sucesiones, beneficiará a los familiares hasta el cuarto grado, mientras que en el caso de las donaciones, hasta el segundo grado. Es decir, hijos, cónyuges, tíos y sobrinos para sucesiones, y en donaciones se deja fuera a los familiares de tercer o cuarto grado y los externos.
El Gobierno justifica esta bonificación en que hay “una sobreimposición” sobre la renta de las personas, que pagan el IRPF y el Patrimonio, además de las plusvalías en el caso de donaciones y el impuesto municipal sobre el valor de los terrenos.
Otra razón que alega el ejecutivo es “el elevado coste extrafiscal” que asumen las personas beneficiarias en el caso de las sucesiones, por gastos de asesoramiento y gestoría que afectan “a las rentas medias y bajas” especialmente.
La consejera aseguró que en 2022, un total de 2.000 canarios renunciaron a herencias “por no poder hacer frente a esos costes”.
Otro motivo para esta bonificación es que estos impuestos afectan sobre todo las clases medias porque la base liquidable media está en torno a los 35.000 o 40.000 euros.
El Gobierno argumenta también que “no se puede entender” que si en Canarias hay una fiscalidad favorable en otros impuestos no la haya también en el de sucesiones y donaciones.