El Gobierno de Canarias encargó en 2019 a dos empresas sin experiencia y relacionadas familiarmente entre sí sendos informes plagiados. Y lo hizo en los minutos de descuento, ambos el mismo día, el 21 de junio, cuando el Ejecutivo que presidía Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC), se disponía a abandonar el poder tras haber sido derrotado en mayo por el Partido Socialista de Ángel Víctor Torres, actual presidente. Justo al día siguiente de hacer formalmente los encargos de estos dos trabajos se firmaba el conocido como Pacto de las Flores, el que a día de hoy y desde entonces sigue sosteniendo al Gobierno de Canarias.
Las dos empresas beneficiadas por estos contratos son Etiazul, S.L. y 21 Bombillas, S.L., cuyos administradores únicos son, respectivamente, los hermanos Pedro y Gregorio Guerra. Ambas empresas y ambos administradores únicos aparecen actualmente implicados en una investigación penal abierta por la Fiscalía de Las Palmas por delitos presuntamente cometidos mediante el procedimiento de contratos fraccionados y encadenados en el Ayuntamiento de Mogán. Etiazul, además, es la productora implicada en el fraude de audiencias detectado este verano en Televisión Canaria.
Ninguno de los dos encargos se corresponden en absoluto ni con la experiencia ni con el epígrafe fiscal ni con la actividad cotidiana de estas dos empresas. A Etiazul, el Gobierno de Fernando Clavijo le hizo el siguiente encargo: “Redacción del Informe Análisis e Identificación de los retos de conectividad entre Canarias y África para los próximos años”. Por este trabajo, el Gobierno pagó 15.549 euros, Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), incluido, 14.600 sin impuestos, en el límite mismo de los 15.000 euros permitidos para los contratos menores.
A 21 Bombillas, por su parte, se le encargó la “Redacción de Informe Técnico sobre la situación de la gestión de residuos en Puertos Canarios”, según consta en la plataforma de contratación del Estado. Por este trabajo se pagaron al contratista 14.400 euros sin impuestos, 15.336 con IGIC incluido.
En ambos casos, la encomienda aparece firmada por la entonces directora general de Transportes, Yasmina García Hernández, directamente dependiente del consejero de Obras Públicas, a la sazón Pablo Rodríguez, secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, que además ocupaba en aquellas fechas la Vicepresidencia del Gobierno.
Copiar al Gobierno que contrata
El informe de Etiazul sobre la conectividad entre Canarias y África presenta un 50% de plagio, según el programa de verificación empleado por este periódico, PlagScan. Hay pasajes que provienen directamente de textos pertenecientes al Gobierno que encarga el trabajo. Si bien muchos se citan en las referencias bibliográficas al final del trabajo, lo cierto es que de ellos se han cogido, por el cómodo método de cortar y pegar, párrafos enteros que se han entrelazado entre sí presentándolos como propios del desconocido autor. En total se detectan 157 resultados copiados de 30 fuentes, todas en línea, es decir, obtenidas gracias a búsquedas en la web.
Hay textos fundamentalmente originales de Proexca, la empresa pública de Canarias precisamente encargada de la promoción de las relaciones comerciales exteriores, que tiene mucha experiencia y que ha publicado y divulgado miles de páginas sobre la materia.
En total se incluyen al final del trabajo 15 referencias bibliográficas de las que se seleccionan los lugares comunes con los que poder dar coherencia en el marco de un informe de poco más de 5.500 palabras que ocupa en total 20 folios, de los que dos son esas referencias y otros tres desaparecen deglutidos por espacios en blanco y grandes fotografías y gráficas ajenas, ninguna de elaboración propia. Con la consiguiente pérdida de calidad en la resolución por la exportación directa desde Internet al papel.
Pero el plagio de mayor enjundia es el que proviene de un documento que no se cita en ningún caso: un trabajo fin de grado de un alumno de la Universidad de La Laguna del que se copian párrafos enteros, en total un 14% de todo el texto, más de 50 resultados, según el programa de detección de plagios. El TFG plagiado se titula Relaciones comerciales entre Canarias y África y lo firma Carlos Marichal Luis, graduado en Contabilidad y Finanzas en el curso 2016-2017. El trabajo está fechado el 3 de marzo de 2017 y su tutora fue Carmen Inés Ruiz de la Rosa, profesora titular del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas.
En las conclusiones se copia textualmente –y sin citar– un párrafo completo de un artículo de opinión publicado por el que entonces era director general de Asuntos Económicos con África, una autoridad de la que disponía el Gobierno para cualquier consulta relacionada con estos asuntos sin necesidad de recurrir a empresas evidentemente inexpertas.
El informe de residuos, más grosero
El segundo informe encargado a los hermanos Guerra, el que firmó la mercantil 21 Bombillas, S.L. tiene un mayor grado de plagio, más del 65%, siempre según la misma herramienta de verificación. El encargo de la Dirección General de Transporte consistió en un “informe técnico” sobre la situación de la gestión de residuos en los puertos de titularidad autonómica, es decir, aquellos que no son del Estado. Se trata de una red portuaria de 16 recintos gestionados por un ente público empresarial, Puertos Canarios, que tiene autonomía propia, aunque depende orgánicamente de la Consejería de Obras Públicas. Por lo tanto, lo primero que llama la atención de este encargo es su procedencia: la Dirección General de Transportes.
El consejero de Obras Públicas de entonces, Pablo Rodríguez, que era vicepresidente del Gobierno, ha declinado contestar las preguntas que le envió este periódico, tanto a su correo oficial del Parlamento de Canarias (es diputado regional) como a su teléfono. Es el nuevamente candidato a las próximas elecciones autonómicas.
El 36% de este trabajo está plagiado de un informe de la Fundación Mapfre, Gestión de residuos en buques de pequeña eslora, cuya autora es Yolanda Lista Periscal, licenciada en Ciencias Químicas, Máster en Gestión Integrada y técnica en Prevención de Riesgos Laborales en la Asociación de Armadores de Artes Menores de Galicia. Otras cuatro personas, todas ellas especialistas en sus materias, colaboraron con ella. Lo más sangrante del plagio a este trabajo se encuentra en las conclusiones del informe por el que el Gobierno de Canarias pagó más de 15.000 euros. Más de la mitad de esta parte del informe es descaradamente copiado. El disparate llega a tal punto que se plagia un enunciado general que no es de aplicación a los puertos canarios, a los que teóricamente está dedicado el informe: “La entidad pública a cuyo cargo se encuentra la administración y gestión de un puerto (la Autoridad Portuaria competente) tiene que determinar las necesidades de recepción de residuos en cada uno de los puertos bajo su competencia...”.
Pero, además, 21 Bombillas compuso su trabajo con una aportación amplia, el 14%, de un informe del Puerto de Almería, concretamente el Plan de recepción y manipulación de desechos de buques y residuos de carga, fechado en noviembre de 2019, en el límite mismo del plazo de seis meses, contados a partir del 21 de junio, que el Gobierno de Coalición Canaria otorgó a los hermanos Guerra para que cumplieran con estos encargos.
Por detrás se sitúa el plagio al llamado Estudio del littering marino, problemática desde las embarcaciones de pesca de bajura y de recreo, del Ministerio de Transición Ecológica, realizado por la consultora Partes Egabrense y coordinado por la Asociación Paisaje Limpio. En total, a lo largo de las 19 páginas del informe, con 5.717 palabras, se detecta un 65,4% de plagio en 134 resultados de 62 fuentes, 61 de ellas pirateadas de Internet.
Tanto Pedro Guerra como su hermano Gregorio han declinado ofrecer su versión. A ambos se les remitió un amplio cuestionario vía correo electrónico y WhatsApp con un amplio margen de tiempo para que pudieran contestarlo.
Los hermanos Guerra utilizan indistintamente estas dos empresas (Etiazul y 21 Bombillas) para alternarlas en trabajos que les contratan las administraciones públicas. Ha ocurrido en este caso, en el que se les hicieron dos encargos por similar importe por parte del mismo órgano de contratación el mismo día, y ha ocurrido en el municipio grancanario de Mogán, donde la Fiscalía investiga una sucesión de contratos fraccionados por un elevado importe y durante un largo periodo de tiempo. Etiazul gestiona, entre otros servicios, la Televisión Municipal de Mogán, a cuyo frente está Gregorio Guerra, actualmente investigado por un juzgado de San Bartolomé de Tirajana por una denuncia por acoso sexual y laboral de una trabajadora que fue despedida acto seguido.
A Etiazul no le han sido renovados dos programas que hasta julio pasado mantenía en la parrilla de Televisión Canaria al detectarse la manipulación de al menos dos audímetros que arrojaban datos espectaculares exclusivamente a su favor. En la actualidad mantiene solo un espacio que ya había sido producido antes de que se confirmara el fraude, según fuentes de la cadena pública.