La Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias continuará con los trabajos del anillo insular de Tenerife en el tramo comprendido entre los municipios de Icod de Los Vinos y El Tanque, a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, conocida este martes, que anula el decreto del Ejecutivo que declaraba la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de la nueva carretera.
Dicha sentencia estima “parcialmente” la demanda presentada por cinco vecinos de la zona, según informó la Consejería de Obras Públicas que añade que “no es una sentencia firme, y permite al Gobierno de Canarias presentar un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo”.
Ante esta circunstancia, se entiende que el decreto de urgente ocupación de los terrenos de este tramo de vía, mantiene su vigencia en tanto se dicte la sentencia definitiva por el Tribunal Supremo, por lo que podrán proseguirse las actuaciones de los expedientes de expropiación y la ejecución de las obras, en tanto exista acta de ocupación de los terrenos, con total garantía jurídica.
“Es importante transmitir que en la sentencia se destaca el interés general de la obra y la importancia que supone para la isla contar con un eje de comunicaciones Norte-Sur. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias sólo entra a valorar el procedimiento aprobado para tramitar las expropiaciones, indicando que no encuentra motivos que justifiquen el sistema de urgencia”, explica la Consejería.
Para apoyar esta decisión el TSJC indica como prueba de la poca urgencia, que el Proyecto definitivo se aprobó en Mayo de 2007 y que se tardó cinco meses, hasta noviembre de ese mismo año, en aprobarse el Decreto de Urgente Ocupación. A este respecto la Consejería recuerda que justo en ese periodo se celebraron unas elecciones en Canarias que condujeron a un cambio en el Gobierno que no se constituyó hasta julio de ese mismo año.
Asimismo, habría que añadir que en el plazo mencionado por el tribunal se encuentra el periodo vacacional, a lo que habría que contabilizar los trámites necesarios para poder aprobar un Decreto del Gobierno, entre otros, el obligado del dictamen del Consejo Consultivo.
Retraso de hasta cinco años
En el caso de convertirse en firme la sentencia emitida por el TSJC, el proceso de expropiaciones y, por tanto, la disposición de los terrenos para poder ejecutar la obra en su conjunto, “se vería retrasado entre tres y cinco años, con los graves daños económicos y sociales que podría reportar no contar con una infraestructura ya adjudicada, muy necesaria para mejorar las comunicaciones entre el norte y el sur de la isla de Tenerife”.
“Los perjuicios que se generarían por un retraso de estas obras se traducirían en la paralización de puestos de trabajo, generará intereses de demora, conllevará revisión de precios de una obra de más de 120 millones de euros, a lo que habría que añadir el perjuicio que se provocarían por la no utilización de una vía que se estima sea transitada por más de 15.000 vehículos cada día”, subraya.
Todo ello sin que se haya puesto en duda la legalidad de las actuaciones expropiatorias de la Administración canaria y entrando a valorar, únicamente, la elección por el Ejecutivo del procedimiento de urgencia frente al ordinario.
El procedimiento obligado hasta llegar a la ejecución de esta obra ha sido muy largo desde que hace doce años se adjudicó la redacción del estudio informativo de la nueva carretera entre Icod y El Tanque. El avance de este estudio fue sometido a una exposición pública y la aprobación definitiva del avance se sacó a información pública. Además, la obra fue incluida en el Plan Insular elaborado por el Cabildo de Tenerife. Se encargó y confeccionó el Proyecto de Trazado, se llevó y aprobó la declaración de Impacto Ambiental por la COTMAC, se encargó y redactó el Proyecto de construcción; en ese momento se inició el procedimiento para la expropiación forzosa, que también se puso a información pública y, a continuación, se anunció la licitación que condujo a la adjudicación definitiva de los trabajos.
El consejero de Obras Publicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, autorizó en junio de 2008 el inicio de las obras de la nueva carretera Icod de Los Vinos-El Tanque, adjudicada a la Unión Temporal de Empresas, Acciona Infraestructuras, S.A, Ferrovial Agroman, S.A, Brues y Fernández Construcciones, S.A, Mejías y Rodríguez, S.L y VVO, S.A, por un importe de 120,9 millones de euros y un plazo de ejecución de treinta y seis meses.
En la actualidad los trabajos avanzan en las dos terceras partes de la nueva vía restando un tercio de la misma hasta tanto se resuelvan los expedientes de expropiación y se pongan los terrenos a disposición de las empresas adjudicatarias.
En este subtramo de Icod a El Tanque, el anillo insular se convierte en una vía de medianías, evitando núcleos urbanos aunque sin dejar de servirlos. Su desarrollo total es de 12 kilómetros, lo que la lleva a atravesar los municipios de La Guancha, Icod de Los Vinos, Garachico y El Tanque.
El trazado de la nueva vía, pretende dar respuesta a “la necesidad planteada de mejora de las comunicaciones de la zona Norte de la isla, que comprende desde Los Realejos a Icod de los Vinos y Buenavista del Norte, con la zona Sudeste. La conexión entre las dos zonas, con históricos contactos comerciales y de economía agrícola, se ha visto condicionada por el estado de las comunicaciones, no pudiendo participar adecuadamente en el desarrollo que indudablemente ha tenido la isla de Tenerife”.