El Gobierno canario se gastará, a pocos meses de las elecciones autonómicas, 136.000 euros en divulgar entre los funcionarios y profesionales y la “ciudadanía en general” la norma legal más polémica de la presente legislatura: la Ley del Suelo, en vigor desde hace casi un año.
Se trata de una iniciativa legislativa que abanderó el propio presidente Fernando Clavijo (CC) como uno de sus proyectos estrella de su mandato. El presidente canario logró que saliera adelante de forma raspada, con 33 de los 60 diputados, gracias al apoyo del PP y de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), pues el resto de los parlamentarios (PSOE, Podemos y NC) votaron en contra.
Casi doce meses después, ya sin manifestaciones en la calle contra esta nueva ley que pone en entredicho el consumo de territorio y está todavía pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva un recurso de Podemos, la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto, no tiene duda de que “es de vital importancia que cualquier ciudadano conozca el contenido” de esta controvertida norma, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2017, o sea, hace casi un año.
Así lo argumenta Barreto en la resolución publicada el pasado 3 de agosto en el Boletín Oficial de Canarias (BOP), mediante la que se informa de la encomienda de gestión de esta campaña de divulgación a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA (Gesplan), adscrita a su propia Consejería.
Se da la circunstancia de que Gesplan podría incluso contratar el objeto de este encargo con un tercero, a pesar de que en otros apartados del anuncio se fija un máximo del 50% de contratación con empresas privadas respecto al total encargado. Todo indica que el Gobierno prepara una campaña publicitaria en medios de comunicación para dar bombo a su controvertida ley, prácticamente la única norma que ha gestado desde 2015.
La consejera justifica esta encomienda, que tendrá que estar ejecutada a mediados de diciembre, por la insuficiencia de personal y medios materiales en su Consejería para llevar a cabo la campaña, que se concretará en una serie de acciones cuyo ámbito es el conjunto del archipiélago, entre las que figuran las dirigidas a la sociedad en general con “folletos, páginas web, material audiovisual...”.
También se llevarán a cabo “actividades formativas orientadas al personal técnico especializado del sector público (personal funcionario, laboral y demás empleados públicos de la administraciones local -cabildos y ayuntamientos- y autonómica) y del sector privados (profesionales libres: abogados, arquitectos, ambientalistas...)”.
No es la primera vez que Gesplan se encarga de esta tarea divulgativa y formativa. Como consta en la resolución del BOC, ya se le encomendó en noviembre de 2017 la actuación denominada Sobre la difusión y divulgación de la nueva Ley del Suelo, con la que la empresa pública, en palabras de Barreto, “realizó un importante impulso facilitando a los técnicos y personal no cualificado de la islas acciones formativas y de divulgación sobre la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias”.
De ahí que, para la consejera, “este encargo se justifica en la medida de seguir fomentando una cultura de planeamiento, facilitando labores divulgativas y formativas en materia urbanística al público especializado y no especializado”.
La ley -cuya redacción encargó Clavijo a uno de sus catedráticos de cabecera, Francisco Villar- dio un vuelco al anterior corpus normativo sobre urbanismo y medio ambiente en Canarias, las llamadas Directrices, cuyos detractores denominaron “maraña o selva legislativa” y a la que culparon de todos los males de Canarias, al punto de considerar que bloqueaba las inversiones estratégicas en el archipiélago y hasta el propio desarrollo del mundo rural (por su exceso de burocracia y de controles administrativos).
Precisamente la relajación de estos controles es uno de los motivos por los que Podemos la recurrió ante el Constitucional.
La Cotmac, tocada y hundida
Una de las novedades clave de esta ley es que se vacía de poder a la tan denostada Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), adscrita al Gobierno canario y que era la cima del sistema urbanístico regional, pues de este órgano dependía la última palabra para aprobar los planes generales de los ayuntamientos y los insulares de ordenación del territorio que elaboraban los cabildos.
Así que con la nueva Ley del Suelo estas corporaciones locales e insulares ya pueden aprobar su planeamiento de forma definitiva (solo la evaluación ambiental de la parte estructural de los planes generales de municipios con menos de 100.000 habitantes correrá a cargo de un órgano autonómico).
La Ley del Suelo incluye también instrumentos excepcionales de ordenación para autorizar obras públicas y privadas, aunque no estén previstas en el planeamiento (las llamadas ordenanzas provisionales, y los proyectos de interés insular o regional), asunto este en el que los movimientos sociales y los partidos políticos contrarios a esta reforma legislativa han visto un coladero para intereses privados y especulativos con el territorio.
Además, con la Ley del Suelo de Clavijo se derogó no solo el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, vigente desde el año 2000, sino también la autonómica de Evaluación de Impacto Ambiental y la de Directrices de Ordenación General, al tiempo que se modificó la de Patrimonio Histórico para eliminar informes preceptivos de los cabildos en cascos históricos con plan de protección en vigor.
El día en que se aprobó esta reforma legislativa, a finales de junio de 2017, se rompió la unanimidad con que se venían aprobando las principales normas sobre el territorio en Canarias, al tiempo que se abrió la incertidumbre sobre cuántos años estará vigente la nueva, dado que los partidos que la rechazan, y que suman cerca de 67.000 votos más que los que la aprobaron, han prometido derogarla cuanto logren sumar mayoría suficiente, algo que podría suceder tras las elecciones autonómicas de 2019.