El Gobierno canario y la Fecam han analizado el borrador de la Ley del Suelo en Las Palmas de Gran Canaria y han coincido en que la norma precisa una ficha financiera para que los ayuntamientos puedan contar con más personal que elabore los diferentes planeamientos generales.
La reunión ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y de una nutrida representación de la directiva de la Fecam.
El alcalde de Guía de Isora (Tenerife) y presidente de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Pedro Martín, ha asegurado a los medios de comunicación que el encuentro ha sido “productivo”, ya que han podido presentar “numerosas alegaciones”.
“Es conocida la postura de la Fecam a favor de una Ley que es necesaria para sintetizar una maraña normativa de la que todo el mundo habla, pero que nadie le metía mano. Ya era hora de que cuatro leyes cabecera que estaban actuando sobre el territorial al final converjan en una sola”, ha subrayado.
Martín ha agregado que la Fecam ha hecho una serie de propuestas al Gobierno que han sido acogidas con “bastante ánimo constructivo”, ya que se analizará su documento y, en breve, se debatirán algunas de las cuestiones que hoy han planteado.
“Entre nuestras propuestas destaca una mayor dotación económica para fortalecer las oficinas técnicas municipales, con el fin de conseguir que la Ley, que responsabiliza a los ayuntamientos de determinadas cuestiones, pueda salir adelante”, ha resaltado el regidor.
Pedro Martín ha recordado que en los últimos años el Gobierno ha pasado de una inversión en planeamiento municipal de más de 6 millones de euros a solo 1, y que si se quiere es que los consistorios asuman responsabilidades “así va a estar complicado”.
“Planteamos asimismo la necesidad de tener oficinas que asesoren a los ayuntamientos y que ayuden a resolver conflictos, ya que, desgraciadamente, está muy judicializado el debate urbanístico, y lo que pretendemos es buscar alternativas que eviten los conflictos”, ha añadido.
Martín ha desvelado que cuestionan “cómo resolver conflictos en caso de diferencia de criterios entre ayuntamientos y cabildos y, en su caso, entre estos y el Gobierno autónomo, y que administración tendría que decidir en esos casos”.
“Queremos una revisión de lo que se entiende por asentamiento rural, porque es muy diferente uno en La Gomera a otro en Lanzarote, por poner un ejemplo, y habría que buscar elementos en común”, ha dicho.
La Fecam también ha cuestionado las excepcionalidades de la Ley, tanto para el Gobierno como para los cambildos, que se acote no porque se haya inventado algo nuevo -que ya constan en la norma anterior-, sino para que “no exista excesiva discrecionalidad en las decisiones a la hora de valorar que una determinada actuación en el territorio y pueda superponerse sobre los ayuntamientos”.
En este sentido, Martín ha especificado que la Ley estable una herramienta ágil como son las modificaciones puntuales, ha sostenido que algunas de esas excepcionalidades podrían entrar a través de los planes generales y que, cuando no fuera posible, “sería necesario establecer determinados límites a esas situaciones”.
La Fecam entiende que hay asuntos como la ubicación de una cárcel o determinados problemas energéticos, por poner un ejemplo, en los que el Gobierno tiene que actuar y, por lo tanto, reconoce ese derecho, pero le gustaría que se delimitara y conocer en qué situaciones se puede producir.
En su opinión, algo ha venido funcionando mal en Canarias en las últimas décadas cuando solo 12 municipios tienen aprobado su Plan General, que otros 35 los tienen en tramitación y doce ayuntamientos “ni se les espera porque han tirado la toalla”.
Por su parte, Nieves Lady Barreto ha dicho que la Ley del Suelo dispondrá de ficha financiera, al igual que de la asistencia jurídica durante todo el proceso, y Clavijo ha puesto sobre la mesa que sea la Fecam la que haga una petición de económica.
“La Fecam lleva reclamando esta financiación para dotar de más personal a sus oficinas y, en este caso, los planeamientos se hacen con equipos externos al del propio ayuntamiento, por lo que se necesita dinero para sacarlos adelante”, ha reconocido.
La consejera ha indicado que, desde el primer momento, se planteó que todo lo que tenga que ver con planeamiento tuviera un procedimiento que agilizara la tramitación, ya que en Canarias se tarda una media de doce años para aprobar los planes, aunque hay ayuntamientos que, incluso, llevan dieciséis en trámites.
“Ese problema hay que afrontarlo reduciendo trámites y eliminado duplicidades de competencias, entre otros asuntos”, ha señalado.
Nieves Lady Barreto, ha recordado que desde el año 1986 más de la mitad del territorios de Canarias está protegido, pero que la protección alcanza a casi el 86 por ciento porque no solo la establece la Ley de Espacios Naturales, sino también los planes de los cabildos y generales “con aquellos suelos con valores ambientales”.
“Lo que se plantea con la Ley son unos planes más ágiles y que se puedan desarrollar donde se pueda actuar en aquel 14 por ciento que queda del territorio”, ha comentado.