El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, reiteró este miércoles que el Ejecutivo mantiene la hipótesis de explorar todas las vías jurídicas para no tener que pagar “un solo euro” por la sentencia de Tebeto, pese al auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que establece el pago en tres plazos, el primero en 15 días improrrogables.
Marrero informó de esta posición tras la conclusión del Consejo de Gobierno, en el que se acordó también denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial a la magistrada de juzgado de instrucción número ocho de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, por criticar al Ejecutivo en torno al caso Tebeto en una entrevista radiofónica.
Según Marrero, la Ley Orgánica del Poder Judicial impide a los jueces criticar o censurar los actos de las autoridades públicas.
Respecto al auto de Tebeto, el portavoz señaló que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias estudiarán todas las vías legales, sin descartar la vía penal, para no tener que pagar “un solo euro” por un sitio donde no se ha movido ni una sola piedra y que no tiene valor comercial para la explotación minera.
“Exigimos justicia a la justicia”, dijo Martín Marrero, que no quiso ser más explícito sobre las posibles vías de recurso porque no se debe anunciar la estrategia antes de formalizarla.
En opinión del Gobierno de Canarias, la indemnización por Tebeto, que asciende a 101 millones de euros pagaderos en tres plazos anuales, “es un atropello al interés general” por la incidencia que tendría en las arcas públicas.
Pendientes de analizar a fondo los Prespuestos Generales del Estado
Respecto al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, Marrero dijo que el Gobierno canario no se pronunciará hasta estudiar a fondo todas las partidas y en función de los acuerdos del Ejecutivo central en el Consejo de Ministros que celebrará en las Islas el 9 de octubre.
La incidencia de esos presupuestos en Canarias hay que analizarla en un marco general de crisis en el que todas las administraciones padecen una sustancial caída de ingresos y un aumento en la demanda de servicios sociales, indicó.
No sólo hay que analizar las inversiones territorializadas, sino todos los capítulos genéricos y la posible ampliación de recursos a partir de la aprobación por el Gobierno central de un plan estratégico para las islas, dijo.
Más acuerdos del Consejo de Gobierno
Entre los acuerdos del Consejo de Gobierno de este miércoles, el portavoz destacó la inversión de cinco millones de euros en la construcción de 57 viviendas protegidas de promoción pública en Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria.
También se acordó subvencionar catorce acciones formativas de hostelería dirigidas a 210 jóvenes en riesgo de exclusión social en los Hoteles Escuela de Gran Canaria y Tenerife.
El Ejecutivo acordó elevar al Consejo Económico y Social un anteproyecto de ley de Juegos y Apuestas, para adaptarlo a la normativa comunitaria, para cambiar el régimen sancionador y para regular nuevos canales en la práctica de juegos y apuestas.
El Gobierno de Canarias aprobó la declaración de la Cueva de los Canarios, en Las Palmas de Gran Canaria, como bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica, así como destinar 300.000 euros para la impermeabilización del antiguo hospital de Las Nieves, en Santa Cruz de La Palma.
Además, se acordó destinar 3,3 millones de euros a convenios de regadíos con los cabildos de La Gomera y El Hierro.