El consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha firmado este lunes las órdenes para conceder a cada uno de los siete cabildos la cifra total de 47,5 millones de euros para financiar el bono residente canario y el transporte público regular terrestre.
De esta cifra, 27,5 millones de euros están destinados a financiar las necesidades del sistema del transporte público regular de viajeros en cada isla y, por otro lado, la cantidad de 20 millones de euros está dirigida a financiar el bono residente canario, informa la Consejería autonómica.
“Continuamos dando pasos para lograr que el bono residente canario se materialice cuando antes en el conjunto de las Islas, una medida fundamental que supone un revulsivo para el transporte público y que, al mismo tiempo, influye en la reducción del nivel de contaminación y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y de la fluidez del tráfico”, afirma el consejero.
Además, señala, va a permitir disminuir el precio del transporte público colectivo para los residentes canarios.
El objetivo es avanzar hacia una movilidad óptima y eso pasa por un proceso de digitalización del sector, por impulsar mejoras en la regulación y establecer medidas como la del bono, indica.
En concreto, de la suma global de la aportación destinada a los cabildos, un total de 27,5 millones de euros están destinados a financiar con carácter general las necesidades del sistema del transporte público regular de viajeros en cada isla.
Y, por otro lado, la cantidad de 20 millones de euros está dirigida a financiar, con carácter específico, el Bono Residente Canario para abaratar el precio final del billete de los residentes canarios en las líneas de transporte terrestre colectivo de viajeros.
Asimismo, los 10 millones euros que restan para financiar la totalidad del Bono Residente Canario, que asciende a 30 millones de euros, será reflejada en otra orden.
En cuanto al Bono Residente Canario, los cabildos insulares tienen la obligación de expedir el bono tanto en soporte físico, como en aplicaciones o soportes informáticos; fijar una tarifa plana única y de vigencia mensual; destinarlo únicamente a los residentes canarios, y permitir su utilización en las líneas del transporte terrestre público colectivo de viajeros de uso general.
Igualmente, las instituciones insulares quedan sujetas a suscribir convenios o instrumentos jurídicos que se habiliten para la consecución de la doble finalidad de la subvención con los operadores de transporte público de pasajeros o terceros y, entre otros asuntos, suministrar a la Consejería toda la información que precise para acreditar el cumplimiento del destino y finalidad de los fondos recibidos.