“Es un Watergate todo el proceso de obra del proyecto Chillida en Tindaya, desde la primera peseta que se soltó. No ha existido una regulación y un seguimiento político ante un procedimiento de esta envergadura, manteniendo un contacto permanente con los técnicos jurídicos”, manifiesta Domingo González Arroyo, adelantando que está preparando una moción a presentar en el Ayuntamiento de La Oliva, “donde se pida la dimisión de los políticos responsables de este fiasco económico”.
El actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Oliva les acusa de “dejadez política y abandono” de un problema de esta envergadura económica en manos de unos abogados que no han hecho bien su trabajo.
En estos momentos existe un requerimiento del TSJC al Gobierno de Canarias de indemnizar por 92.295.312,00 euros a la empresa Canteras Cabo Verde, SA por derechos de explotación de la cantera minera.
“Se ha dejado funcionar al letrado de turno, y éste prácticamente se ha puesto en manos de la empresa reclamadora”, argumentado González Arroyo que el equipo jurídico del Gobierno de Canarias no rebatió la documentación presentada por el propietario de la cantera minera, Bittini. González Arroyo se pregunta: “¿Es qué estaban a favor?, ¿Es qué es no estaba centrado el letrado?, o ¿Es que es demasiado listo?. Hay que pensarlo todo”, a lo que sentencia, “el culpable no es el letrado, sino el abandono político que sufre el equipo jurídico que lleva el caso. Los responsables son los que están gobernando”.
González Arroyo, suspendido de militancia y apartado de la presidencia del PP, increpa a Jose Manuel Soria, como consejero de Hacienda, y vicepresidente del Gobierno de Canarias. “¿Por qué no revisó los expedientes de Saturno, y los de Hacienda, y no revisó el informe de investigación del Parlamento?”.
En un momento de crisis económica como la que atraviesa Canarias, “lo que ha ocurrido no son cáscaras de lapas”. González Arroyo increpa a que los medios de comunicación a quehagan un trabajo de investigación riguroso y neutral que desenmascare a los responsables de este proceso. “Hay que descubrir a estos elementos tan perjudiciales para Canarias”.
Domingo González Arroyo pide la dimisión principalmente de Domingo Berriel, como consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y de José Manuel Soria como consejero de Hacienda, y vicepresidente del Gobierno de Canarias, y concluye que “Paulino Rivero debe cesarlos inmediatamente y a cualquier otra cargo público que haya tenido que ver en este tema, sustituyéndoles por personas que no hayan tenido nada que ver con el proceso hasta la fecha”.