La consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Elena Máñez, ha dicho hoy que la crisis no ha desaparecido y que por ello la corporación ha incrementado sus fondos para ayudas de emergencia hasta sumar este año 3 millones de euros, “casi el doble que en el anterior mandato”.
Ese aumento respecto al dinero del que disponía para ese fin el Cabildo cuando lo gobernaba el PP, cifrado en 1.550.000 euros en 2013 y en 1.700.000 euros en 2014, es necesario porque, pese a los discursos sobre la mejora de la economía, “no es que la crisis haya desaparecido”, ha sostenido Máñez, que ha añadido: “Y, si no, que se lo digan a todas las familias que atienden los servicios sociales”.
La consejera socialista ha hecho estas declaraciones al presentar los datos del Plan de Choque contra la Pobreza y del Convenio de Emergencia Social 2016-2017 de la corporación, que ha sostenido que “indican el gran esfuerzo que se ha hecho en el ámbito social en la isla” con el actual gobierno insular, formado por Nueva Canarias, PSOE y Podemos.
Partidos que ha expuesto que iniciaron su mandato poniendo en marcha un Plan de Choque contra la Pobreza al que se asignaron 5,3 millones de euros de octubre de 2015 a septiembre de 2016, cumpliendo su compromiso de asumir un proyecto así y destinarle “al menos 5 millones de euros”, según ha subrayado.
También ha destacado que en el marco de ese plan se concedieron 30.815 ayudas durante el año en que estuvo vigente, cuando las ayudas que costeó la corporación a lo largo de 2014, con sus anteriores gobernantes, fueron 2.768.
Elena Máñez ha matizado que, pese a todo, esa medida “era un plan de choque, puntual, para dar una inyección en un momento en el que todavía los datos de la crisis eran muy significativos”, y que esa es la razón por la que los fondos dirigidos a atender la emergencia social se han reducido hasta los 3 millones de euros en el presente año 2017.
Este año el Cabildo ha eliminado ya la figura del llamado Plan de Choque contra la Pobreza y ha recuperado la del Convenio de Emergencia Social por el que se financiaban ayudas a las personas con dificultades como única vía para organizar la atención a sus necesidades hasta 2014, ha explicado la consejera.
Máñez, en todo caso, ha insistido en que la atención de la corporación a los más desfavorecidos ha mejorado, en especial si se compara con el mandato anterior.
Ya que en el actual “se ha consolidado la atención a la emergencia social con 3 millones de euros en 2017”, ha señalado.
Además, la consejera insular ha querido recordar que el Cabildo gasta ese dinero en ayudar a los necesitados pese a que esa tarea no es competencia suya sino de los ayuntamientos, a los que ofrece de ese modo “un complemento, un apoyo, un refuerzo” para costear una labor para la que varios de ellos ni siquiera tienen fondos suficientes.
Hasta el punto de que, según ha expuesto, hay ayuntamientos que en el primer trimestre de 2017 han recibido para atender casos de emergencia social más dinero del que les habría correspondido para todo este año entero si los 3 millones de euros se hubieran repartido desde comienzos del ejercicio en función de la población y del desempleo de cada municipio de la isla.
Algo que no se ha hecho por creer más beneficioso que el Cabildo gestione esos fondos como una “bolsa común” a la que recurran los ayuntamientos según lo necesiten, ya que algunos de ellos poseen fondos propios considerables para emergencia social y no piden dinero para atenderla hasta que los gastan, ya avanzado el ejercicio, y otros necesitan ayuda desde el principio, ha dicho.
Elena Máñez ha aprovechado también su comparecencia para salir al paso de las críticas de “poca ejecución” de los fondos del Plan de Choque contra la Pobreza que ha hecho a su gobierno desde la oposición del Cabildo el Partido Popular.
A juicio de la consejera, los populares hablan de “inacción en el ámbito social” sin tener razón, puesto que, de los 5.300.000 euros con que se dotó el plan, se ejecutaron finalmente 4.763.570,08 euros, “un 89,88 % del total”.