De los 339,02 millones de euros que la Hacienda canaria contabilizaba al cierre de 2018 como derechos pendientes de cobro, algo más de la mitad, un total de 173,08 millones, es de difícil o imposible ingreso en las arcas públicas por prescripción de la deuda o por insolvencia de los contribuyentes, según reconoció por primera vez el Gobierno regional en el balance del último ejercicio contable fiscalizado por la Audiencia de Cuentas.
Se trata de una de las principales novedades que contiene el informe de 2018 elaborado por el órgano de control de la actividad económica de la administración autonómica y de las corporaciones locales, puesto que fija un cambio de tendencia y confirma que las cuentas de los años precedentes no reflejaban una imagen fiel y real de la situación financiera de la comunidad autónoma, como ha venido advirtiendo con insistencia el ente auditor.
Entre 2014 y 2017, el Ejecutivo situó la provisión de insolvencia o el volumen de deuda de dudoso cobro en una horquilla que oscilaba entre los 8 y los 13 millones, una cantidad que para la Audiencia de Cuentas no solo era “anormalmente baja”, sino que además incumplía una resolución, dictada en enero de 2002 por la Intervención General, que fija el cálculo en función del porcentaje de “fallidos” o deudas incobradas en una serie temporal histórica.
El anterior informe del órgano auditor, correspondiente al ejercicio 2017, había sido especialmente duro con este aspecto. Sus conclusiones desvelaban que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) había falseado las cuentas a través de este ardid contable y, con ello, había logrado obtener un superávit de 295 millones que le permitía presumir de salud económica. En aquella ocasión, Hacienda, entonces en manos de la consejera Rosa Dávila, había previsto un porcentaje de insolvencia de apenas el 2,1%, lo que se traducía en 13,2 millones de euros cuando, según las estipulaciones de la mencionada instrucción de la Intervención General y los cálculos de la Audiencia de Cuentas, esa cifra debió situarse en torno a los 354 millones. La diferencia era sustancial, ya que superaba el remanente de tesorería, el verdadero indicador de liquidez de la comunidad autónoma, y convertía el superávit en déficit, aunque sin que ello implicase un incumplimiento de la regla de gasto.
El órgano auditor celebra que el Gobierno canario haya atendido por fin sus reiteradas recomendaciones en relación con los derechos pendientes de cobro, que haya aplicado el criterio contenido en la instrucción de la Intervención General en relación con las deudas contraídas por los contribuyentes desde 2012 y que haya reconocido que la práctica totalidad de las acumuladas desde 1988 hasta ese año, que suman 170 millones de euros, no serán cobradas. El resultado es una provisión de 173,1 millones, o lo que es lo mismo, un incremento de 160 millones con respecto a la dotación del ejercicio 2017.
La Audiencia de Cuentas señala que las comunidades autónomas establecen diferentes criterios para el cálculo de los derechos pendientes de dudoso o imposible cobro. Algunas realizan sus estimaciones de acuerdo a la normativa reguladora de las haciendas locales y, otras, en función de la antigüedad de la deuda, con determinados porcentajes anuales que van desde el 10% para aquellas contraídas el último año hasta el 100% para las que acumulen más de un lustro. En el caso de las cuentas canarias de 2018 se le aplica un porcentaje de insolvencia o prescripción del 98% a las registradas desde 1988 a 2011 para ir posteriormente reduciendo esa cifra de manera paulatina, desde el 5,3% de los saldos deudores de 2012, 2013 y 1014 hasta el 0,7% del último ejercicio fiscalizado.
El órgano auditor insiste en la necesidad de continuar en esta senda de depuración de saldos para que las cuentas plasmen de la forma más exacta posible la situación económica y financiera de la comunidad autónoma. El informe recuerda que el volumen de pendientes de cobro es muy elevado, resultado del acumulado de años por “la baja recaudación”.
Además, sigue existiendo un desfase entre los sistemas de información que soportan la gestión tributaria y la contable de la Hacienda canaria, por lo que la Audiencia de Cuentas insta a la administración autonómica a culminar el proceso de “integración plena” entre los diferentes sistemas y, más en concreto, del módulo sobre los derechos económicos tributarios, el M@gin, un programa desarrollado por la empresa Indra al que se le atribuye el agujero económico ocasionado en las arcas públicas entre diciembre de 2016 y enero de 2018, periodo en el que no se pudo trabar ni un solo embargo de la lista de deudores.
Bajo nivel inversor
El cálculo de los derechos pendientes de cobro incide en dos aspectos fundamentales para medir la salud económica de una comunidad autónoma: el remanente de tesorería (su solvencia, su liquidez) y el superávit. Según los datos contenidos en el último informe de la Audiencia de Cuentas, el remanente de tesorería de 2018 ascendió a 200,1 millones de euros, lo que supone 95 millones menos que en el año precedente.
El superávit registrado en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado fue de 921 millones de euros, el 2,01% del PIB regional, si bien es cierto que 500 millones corresponden al impacto de la ejecución de sentencias del Tribunal Supremo con relación al convenio de Carreteras con el Estado para el periodo 2006-2017. El informe también desvela que el superávit de ejecución presupuestaria, esto es, los fondos que el Gobierno de Canarias no ejecutó pese a disponer de ellos, asciende a 403,8 millones.
A ello se le suma el bajo porcentaje dedicado a las inversiones financieramente sostenibles. El Gobierno de CC gastó 13 millones de euros en la compra de equipamiento sanitario y en un programa informático, apenas un 4% del dinero que podía destinar para estos menesteres, los 295 millones de superávit de 2017. En abril de 2018, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), permitió a las comunidades más cumplidoras gastar el superávit en inversiones rentables a largo plazo, precisamente una de las históricas demandas de CC. Hasta ese momento, solo se permitía amortizar deuda. Esta medida daba la opción a los Gobiernos regionales de comprar recursos sanitarios para hospitales o centros de salud, mejorar los centros educativos o adquirir inmuebles que conllevaran una reducción a largo plazo en el precio de los alquileres de las sedes, entre otras posibilidades.
A pesar de ello, el Ejecutivo liderado por Fernando Clavijo desaprovechó 282 millones de euros, lo que le valió fuertes críticas de su sucesor en el cargo, el socialista Ángel Víctor Torres, que, siendo candidato, lamentó “la pésima gestión” de CC, con “dinero sin gastar, partidas económicas que se quedan en el limbo o en las entidades financieras y que no llegan a los maltrechos bolsillos de los canarios y canarias”.