Se sienten mercancía en manos del Gobierno de Canarias y de las cajas de ahorro, entrampados en un producto financiero que les prometía, bajo el supuesto manto protector del Ejecutivo, una emancipación en condiciones “muy ventajosas” y que ha acabado por convertirse en una pesada losa que ha engordado sus hipotecas hasta en 90 euros mensuales.
La plataforma de afectados por la Hipoteca Joven Canaria cuenta ya con más de 150 miembros, cifra que se ha multiplicado de manera exponencial los dos últimos meses, coincidiendo con la recepción de las cartas denegatorias de la subvención de hasta 12.000 euros que ofrecía este producto a los jóvenes que suscribieran la hipoteca con una de las cuatro cajas canarias que firmaron el convenio con el Gobierno regional.
Era el gancho que convenció a cientos de jóvenes, pero tenía letra pequeña. La concesión de la subvención estaba supeditada a la disponibilidad presupuestaria de la Consejería de Vivienda que rige Inés Rojas. Esta condición figuraba en el último punto de la solicitud que cursaban después de haber firmado la hipoteca. Los afectados aseguran que ni en la insistente campaña publicitaria relativa al Plan de Vivienda 2009-2012 ni en la firma del documento de la hipoteca se les comunicó que la ayuda estaba condicionada a los fondos disponibles.
A pesar de que el decreto que regula la Hipoteca Joven estipula que la Consejería debe contestar a la solicitud de los hipotecados en un plazo máximo de seis meses, la respuesta se ha hecho esperar hasta dos años. En algún caso, sigue sin llegar. Los afectados explican que desde el pasado mes de noviembre se empezaron a multiplicar las cartas en las que se les denegaba la ayuda por falta de fondos. En varias notificaciones a las que ha tenido acceso este periódico figuran, incluso, números de partidas presupuestarias diferentes para justificar esta decisión.
Iván Henríquez, que se ha erigido en portavoz de la plataforma, subraya que en julio de 2010 el Instituto Canario de la Vivienda (ICV) licitó por 195.000 euros un contrato para publicitar el Plan de Vivienda cuando “sabían que no había dinero para pagar las ayudas”, que están paralizadas desde el año 2009.
Henríquez señala que en mayo del mismo año, el ICV publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) una disposición por la que destinaba fondos a pagar las subvenciones a beneficiarios de planes anteriores que tampoco la habían recibido. “Tenían que haber sacado una partida aparte y no absorber nuestros recursos”, se queja el portavoz de los jóvenes.
Además, los suscriptores de la Hipoteca Joven están pagando por sus viviendas un precio superior al que rige actualmente el mercado, ya que una de las condiciones que fijaban las entidades bancarias en el convenio era la inclusión de una cláusula suelo del 2,75%. Con el Euribor, el tipo de interés de referencia, en torno al 0,60%, los jóvenes están abonando entre 60 y 90 euros de más al mes.
Reunión con Inés Rojas
La plataforma de afectados por la Hipoteca Joven se reunirá este lunes a las 12.00 horas con la consejera de Vivienda, Inés Rojas, en el edificio de Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria, para exponerle su denuncia y tratar de arrancar su compromiso para incluir una partida presupuestaria destinada a la concesión de las ayudas prometidas. En caso de que no se corrija esta situación, los jóvenes ya se plantean trasladar su protesta al pleno que se celebrará en el Parlamento de Canarias el próximo 26 de febrero.
Al margen de estas acciones, algunos afectados ya han presentado, a título individual, una denuncia en los juzgados para reclamar la subvención al Gobierno regional. “El juicio me lo han puesto en junio de 2014”, dice uno de los jóvenes, que presentó la denuncia a mediados de año.