La eliminación del horario de verano en las administraciones públicas decretada por el Gobierno de la Nación el sábado pasado ha cogido con el paso cambiado a muchas instituciones de las Islas. Y no todas se rigen por el color político de quien gobierna España (PP) para cumplir, a pie juntillas y sobre la marcha, las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Es el caso de tres ejemplos en la isla de Gran Canaria. El Cabildo, gobernado por el PP al igual que el Ayuntamiento capitalino, han decidido aplicar, sin previo aviso, la eliminación de este derecho de los trabajadores públicos de salir una hora antes de sus puestos de trabajo entre julio y septiembre. Pero en el mismo bando se encuentra el Ayuntamiento de Mogán, gobernado también por el PP, con horario de verano en vigor.
Desde la administración pública insular, el presidente de su comité de empresa, Agustín Suárez, ha explicado este jueves en el programa Tiempos Modernos, de CANARIAS AHORA RADIO, “la indignación” que ha supuesto la aplicación de esta medida sin previo aviso, ya que “ha destrozado planes personales para el verano. No sé quién lo ha pensado, pero esto tumba la conciliación familiar”, aseguró.
El sindicalista del Cabildo mantiene que la eliminación del horario de verano tiene “efectos demoledores en los horarios especiales negociados para centros de servicios sociales o las campañas contra los incendios, ya que llevábamos meses negociando para que la jornada laboral de verano se adaptara a las necesidades del Cabildo y de la isla, y ahora todo es papel mojado”.
Sostiene Suárez que la medida parece “un castigo feroz a los empleados públicos, a quienes se les quiere culpar de la crisis, y parece que se quiere ver a trabajadores públicos agotados, extenuados, dañados por toda esta presión”.
En el bando político contrario, este jueves también se han dado dos visiones distintas. CC y PSC-PSOE gobiernan la Comunidad Autónoma, pero también el Ayuntamiento de La Laguna.
Aarón Afonso es director general de la Función Pública del Gobierno canario y este jueves explicaba que en la Comunidad se sigue aplicando la reducción de una hora de trabajo en verano porque “existen otras fórmulas de compensación con el cómputo global anual de horas trabajadas y la hemos aplicado”.
Función Pública recuerda que la Comunidad ya tiene establecida la jornada laboral de 40 horas para muchos trabajadores, y por tanto estos no se ven afectados por el decreto estatal de obligado cumplimiento, ya que se ha computado durante los seis primeros meses esas compensaciones necesarias antes del 31 de diciembre de 2012.
Afonso aseguró este jueves: “Es en teoría una medida de ahorro o así lo ha asegurado el Estado, se pretende evitar un volumen grande de horas extraordinarias y utilizar estas horas ordinarias, pero el incremento de la jornada puede ser contraproducitivo si se busca la productividad entre los empleados. Incrementar de esta forma no creo que tenga efectos beneficiosos, habrá que analizarlo a posteriori”.
Y del mismo color político [de pacto de gobierno CC-PSOE] que la Comunidad es La Laguna. Blanca Pérez, concejal de Presidencia y Planificación lagunera, ha admitido este jueves que La Laguna no lo tiene tan claro eso de no eliminar la jornada veraniega y ha convocado a los sindicatos para negociar la aplicación del decreto.
“No lo estamos aplicando porque primero hay que convocar a los sindicatos y a la comisión negociadora”, dijo la edil lagunera, a diferencia de la aplicación directa en el Cabildo grancanario y el ayuntamiento de LPGC, pero también a diferencia de la Comunidad, aboga por cumplir el decreto de alguna manera: “Es difícil mantener el horario de verano y luego, con cierta eficacia, hacer lo mismo con los servicios públicos y abrir un montón de tardes”, con el fin de recuperar esas horas.
La Laguna va a proponer a los sindicatos trabajar de 7.30 a 15.30 sin la media de hora de flexibilidad existente, ya que han hecho sus cálculos y salen 16 de días laborales a recuperar entre octubre y el 31 de diciembre si se aplica el horario de verano.