La delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, dijo este viernes en Las Palmas de Gran Canaria que la construcción de la marcrocárcel de Los Llanos de Juan Grande (San Bartolomé de Tirajana), ya no tiene “ningún impedimento legal” y que en el caso de que haya vecinos que intenten paralizar los trabajos, la policía “lo impedirá”.
Carolina Darias dio a conocer toda la tramitación legal aportada por la Administración General del Estado y por la entidad pública SIEP, que promueve las infraestructuras penitenciarias en España, entre las que citó dos cuestiones fundamentales: “estamos ante una obra pública de interés general”, que según la Ley 13/2003, “no está sometida a licencia o cualquier otro acto de control preventivo municipal, pero sí a un informe de la administración correspondiente sobre la adaptación [del proyecto] al planeamiento vigente”, que el Ayuntamiento de San Barolomé de Tirajana contestó fuera de plazo, por lo que “opera el silencio positivo”.
Pero, es más, Darias argumentó que ni siquiera se puede impedir la realización de las obras con el argumento de que aún no está aprobado el Plan Territorial Especial de Infraestructuras Penitenciarias de Canarias, ya que es un instrumento que “no resulta exigible” para la construcción de este tipo de equipamientos, “como ocurre en el resto del Estado”. Para sustentar más esta cuestión, la delegada recordó que el centro de inserción social de Tahíche (Lanzarote), incluido en ese planeamiento, está actualmente en obras.
Darias dio a entender que el Estado no va a dar marcha atrás con este proyecto, cuya ubicación, dijo, “no es caprichosa”, sino que “ha sido técnicamente decidida por la SIEP por las características topográficas y geográficas” de Los Llanos de Juan Grande.
La delegada dijo también que los barrios de esa zona, Aldea Blanca y Castillo del Romeral, se beneficiarán de la macrocárcel por la creación de 853 puestos de trabajo durante su ejecución y la dotación de infraestructuras hidráulicas por valor de diez millones de euros, de los que sólo el 40% son precisos para el mantenimiento del centro penitenciario.
Doble condena
Carolina Darias hizo también un llamamiento “a la sensatez, a la cordura y a las reglas de juego democrático” para que se acepte la construcción de un equipamiento que, dijo, resolverá un problema que lleva “enquistado más de una década”, y que ha saturado la prisión de Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria, hasta el punto de que alrededor de un millar de presos canarios se ven obligados a cumplir sus penas en centros de la península. En su opinión, esto es someter a los internos “a una doble condena: la privación de libertad y el alejamiento de sus familias”.
La macrocárcel tendrá una capacidad para 1.008 internos, supondrá una inversión de 110 millones de euros y costará entre 24 y 26 meses construirla. Junto a esta actuación, el Estado proyecta o tiene en ejecución otras dependencias penitenciarias en Canarias, todas incluidas en el Plan Territorial Especial que el Gobierno regional tiene en tramitación.
Se trata de tres centros de inserción social (CIS), uno en Telde IGran Canaria), capaz para 150 internos; otro en Tenerife, con igual capacidad; y otros dos de 50 plazas cada uno, en Lanzarote y Fuerteventura. También se incluyen tres nuevas prisiones, la citada de Gran Canaria y las otras, en Lanzarote y Fuerteventura; y dos unidades de madres, en Gran Canaria y Tenerife. Además, Darias anunció un próximo convenio entre el SIEP y la Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo para promover unidades hospitalarias penitenciarias, de las que no hay ninguna en el Archipiélago.