A primeras horas de la mañana de hoy se produjo un gran despliegue policial por parte de la Unipol y de la empresa de limpieza Urbaser con el fin de desalojar a la veintena de chabolistas que desde hace años residen en los alrededores del recinto deportivo Pancho Camurria de Santa Cruz. Según explicó el concejal de Servicios Municipales, Dámaso Arteaga al presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Sin Hogar, Eloy Cuadra, lo único que querían era demoler cuatro chabolas que por las noticias que tenían estaban vacías con el fin de evitar que volvieran a ser ocupadas. Sin embargo, al final sólo se pudo comprobar que había una sola sin ocupantes pero en la que se seguían manteniendo las pertenencias de los que antiguos inquilinos.
La llegada de estos efectivos municipales dio lugar a un alboroto y protestas de los chabolistas y al final se decidió únicamente proceder al sellado de la chabola vacía. “El problema es que como quieran tirar una caseta se acabarán cayendo todas porque están unidas”, dijo Cuadra. “Nos parece extraño el interés que tiene el Ayuntamiento en demoler únicamente estas chabolas cuando en Santa Cruz hay otros sitios que están igual o peor. Además estos terrenos son del Cabildo y por lo tanto ni siquiera pertenecen al Ayuntamiento”. La Plataforma mostró su descontento con lo ocurrido por la falta de consideración que mostró la Corporación local y que el intento de desalojo se llevara a cabo sin previo aviso y a primeras horas de la mañana. Al final se ha permitido que estas personas sigan residiendo en infraviviendas hasta que se les consiga una solución definitiva a su problema.
El concejal de Izquierda Unida-Por Tenerife (IUC-XTF), José Manuel Corrales se ha unido a estas críticas y ha exigido ya explicaciones al alcalde, José Manuel Bermúdez, por lo ocurrido y pide que junto con las demás instituciones implicadas se encuentre una alternativa a las más de veinte personas que residen en este entorno en condiciones tercermundistas. “El desalojo sería un comportamiento insensible e inhumano”, señala. El concejal reclama a la responsable de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, Alicia Álvarez, “que no engañe a los chabolistas y cumpla con su compromiso de buscar soluciones a la problemática de las personas que viven en el asentamiento antes de apostar por alternativas criminilizadoras”, apunta.
Para IUC, el gobierno municipal, “debe entender que las personas que residen en el asentamiento del Pancho Camurria están en situación de exclusión social y que llevan muchos años intentando salir de la misma sin éxito. Si a esto le sumamos la crisis brutal que sufre Canarias en la actualidad, con las tasas de paro y de pobreza más altas de España, habiendo ya más de 60.000 hogares canarios donde no entra ningún ingreso, según Cáritas, es necesario y urgente que las administraciones entiendan que las políticas sociales deben ser su principal prioridad”.
Recuerda igualmente el concejal que hay otros enclaves en la ciudad en los que se localizan asentamientos de infraviviendas como son Los Lavaderos, las cuevas de Ifara, el Mercado de África, los cajeros de los alrededores de la Plaza de España, La antigua fábrica Celgán, el Viera y Clavijo, Valleseco o la zona de Cabo Llanos y por eso considera extraña las prisas del Ayuntamiento por desalojar únicamente el Pancho Camurria. El concejal critica “la estrategia de intimidación” y las numerosas visitas que están recibiendo estos últimos chabolistas por parte de la Unipol en busca de droga sin que estas operaciones se salden con resultado alguno. Un hecho que para Corrales es tan sólo una muestra del gobierno municipal de encontrar argumentos para echar a estas personas de las que se han convertido en sus viviendas.