La consejera de Industria y Empleo del Gobierno canario, Francisca Luengo (PSOE), ha asegurado este miércoles que aún mantiene la esperanza de alcanzar un acuerdo este viernes para que se pueda salvar la mayoría de los 165 puestos de trabajo del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).
Según ha desvelado Luengo, la Consejería ha dado “instrucciones” a los representantes de la empresa pública para que impere “la buena fe negociadora” en la reunión que se celebrará a las 09.00 horas de este viernes en el Tribunal Laboral Canario, donde se tratará el procedimiento de despido colectivo en el ITC.
La dirigente socialista ha recordado que la última propuesta de los trabajadores es continuar con sus complementos y una rebaja lineal del salario del 10 % para los ejercicios de 2014 y 2015, para regresar a las nóminas actuales en el año 2016.
Luengo ha dicho que las leyes de estabilidad presupuestaria y de presupuestos de la comunidad autónoma impide a la Consejería incrementar la masa salarial en ejercicios futuros, por lo que se “escapa” esa opción por que tiene que cumplir la legislación.
“Espero que el problema del ITC se resuelva y que los trabajadores adopten un acuerdo, el que todos deseamos, que sea el del 10 % y no se vincule solo dos años, porque lo que se nos pide es ilegal. El sentido común debe imperar y que los trabajadores accedan y piensen en los 165 empleados del ITC”, ha subrayado.
Luengo ha apuntado que el tema de fondo es que tanto las empresas públicas como las administraciones, en esta etapa de crisis, no pueden tener déficit, y ha remarcado que ella se encontró en el ITC con un déficit de “no menos 1,8 millones de euros”.
En ese sentido, ha agregado que, si no hay más ingresos, es preciso nivelar los gastos de mantenimiento de las instalaciones o los de personal, y que en estos seis últimos meses siempre ha tratado que sea de la forma menos gravosa para los trabajadores.
La consejera ha señalado que la primera propuesta fue que no hubiera despidos en el ITC, aunque los empleados de Pozo Izquierdo (Gran Canaria) pasaban a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ya que se entendía que un investigador tiene allí su “hábitat natural”.
“El resto del personal pasaría a un ente público empresarial, de forma que fuera un instrumento de las políticas activas de la comunidad autónoma. Sin embargo, por las razones que fueran esa posición no fue admitida”, ha añadido.
En su opinión, esa era “una propuesta limpia y con todos dentro, pero los trabajadores del ITC dijeron que no”.
Luengo ha añadido que siguieron trabajando en cómo reducir los gastos fijos al equilibrio, “como obliga la ley de estabilidad presupuestaria”, por lo que plantearon distintas propuestas.
Así, la empresa planteó para evitar despidos la extinción de los complementos que cobraban los empleados del ITC -“extravagantes, porque son de antes de la crisis y que hoy han desaparecido de cualquier convenio colectivo de la comunidad autónoma”- y una rebaja del 5 % del salario.
“Los trabajadores tampoco aceptaron esa propuesta y proponen una reducción lineal del sueldo del 10 %, que no llega a cubrir un millón de euros en el déficit, por lo que nos quedaría por cubrir otra parte importante que, para evitar despidos, se solventaría con bajas incentivadas”, ha explicado.
Eso ha ocurrido hace poco más de una semana, pero ahora los empleados del ITC, según Luengo, solicitan que ese descuento y las bajas incentivadas -“como mucho los despidos no llegaría a la decena”- sean solo para los ejercicios de 2014 y 2015, una propuesta a la que no se puede comprometer la Consejería.