El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha promovido, a través de la Abogacía del Estado, una demanda por responsabilidad contable contra su homólogo en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, para “pedir su cabeza” y tratar de “rematar a las personas” que presentaron en 2014 una denuncia ante la Fiscalía por las graves irregularidades detectadas en la construcción de la segunda fase del muelle de La Esfinge con el objetivo de que este procedimiento penal, en el que figura como investigado José Daniel López, “amigo de Llorca”, “se quede en el cajón y prescriba”.
Es la opinión de José Miguel Pintado, exdirector de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, contra quien también se dirige la demanda presentada a instancias del máximo responsable de Puertos del Estado por una supuesta irregularidad en el pago de un complemento salarial al personal directivo en 2013.
Pintado no tiene dudas de que Llorca actúa “por venganza”. “Es una maniobra dirigida contra Ibarra porque de todos es conocido que este presidente de Puertos del Estado no ha tenido buena sintonía ni con él ni con los directivos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y ha decidido saltarse a la torera el informe que hizo Puertos del Estado en 2011 y ahora decir todo lo contrario. Donde dijo digo, digo Diego, y me quedo tan contento”, ha manifestado en declaraciones a Canarias Ahora.
El exdirector de Puertos Las Palmas, jubilado desde hace nueve meses, recuerda que esos pagos estaban amparados por la sentencia de la jurisdicción social del año 1998 que reconoció al personal laboral fuera de convenio el derecho a percibir una indemnización por residencia del 15% sobre el salario base y por un informe del departamento de Recursos Humanos de Puertos del Estado que, en 2011, se pronunció a favor del organismo regional ante las discrepancias manifestadas por el interventor delegado de la Administración General del Estado. Este último defiende desde 2008 que el complemento debe ajustarse a las cuantías fijadas en un acuerdo del Consejo de Ministros en febrero de 2000, unas cifras inferiores a las que se aplican en la Autoridad Portuaria de Las Palmas con la fórmula del 15%.
Pintado advierte en la actuación de Llorca una conducta “que puede ser objeto de una denuncia por prevaricación”. “Ningún gestor público puede tomar una decisión sin tener en cuenta las decisiones tomadas anteriormente, porque no hay un Puertos del Estado del PSOE (2011) y un Puertos del Estado del PP (2017). Puertos del Estado es Puertos del Estado, independientemente del color político del presidente que en ese momento esté. Si el ente público ha hecho una resolución en 2011, en 2017 no puedes hacer una distinta sin tenerla en cuenta”, ha aseverado.
Para el ex alto cargo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Llorca se ha metido “en un fangal” con “una idea obsesiva, que es hacer el mayor daño posible el actual presidente”, Luis Ibarra. Pintado recuerda que Llorca era representante de Puertos del Estado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas cuando se plantearon los reparos del interventor al pago del complemento de residencia. “En las actas figura que no puso ninguna objeción a que se siguiera aplicando el procedimiento establecido (…) Tiene una total y absoluta pérdida de memoria que, más allá del tiempo que haya pasado, no tiene otra explicación que provocar un daño determinado a una persona concreta. Yo no me considero tan importante como para que vayan a por mí”.
Pintado habla abiertamente de una “campaña” contra Ibarra para “pedir su cabeza ante el partido político que lo ha nombrado, para quitárselo de en medio”. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas es el único cargo público socialista que se ha mantenido en su puesto tras la ruptura del pacto de gobierno en Canarias entre CC y el PSOE.
La Esfinge
El exdirector de Puertos Las Palmas vincula la demanda ante el Tribunal de Cuentas con las numerosas discrepancias que han mantenido Llorca e Ibarra en los últimos años, pero sobre todo con la polémica que ha rodeado la construcción del muelle de La Esfinge. “Evidentemente el tema de La Esfinge no le hizo mucha gracia al presidente de Puertos del Estado. Hay una relación de amistad entre Llorca y el que, en la fase de ejecución, estaba de director en activo con (Javier) Sánchez Simón de presidente (en referencia a José Daniel López, investigado en el procedimiento penal que se tramita en el Juzgado de Instrucción 7 de la capital grancanaria)”. Pintado recuerda que Llorca no comunicó hasta octubre de 2014 “y a regañadientes” a la Autoridad Portuaria de Las Palmas informes de técnicos de Puertos del Estado sobre las irregularidades de La Esfinge que obraban en su poder desde febrero de ese año. “Tuvo casi diez meses los informes metidos en un cajón porque no quería sacar aquello a la luz pública porque evidentemente debía pensar que aquello perjudicaba a las personas que en aquel momento habían intervenido en ese tema”, subraya.
Entre ellos se encontraba José Daniel López, entonces director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y amigo de Llorca, según sostiene Pintado. “Los dos son ingenieros de caminos, estudiaron en el mismo colegio mayor de Madrid, fueron compañeros de curso y terminaron al mismo tiempo la carrera. Los dos están relacionados con un mismo grupo de poder que todo el mundo conoce como Obra de Dios (Opus Dei), uno a más nivel, otro a menos nivel”, afirma.
“A Llorca no le agradó que lleváramos el tema a la Fiscalía, pero teníamos un informe de Puertos del Estado que nos instaba a comunicar a las autoridades pertinentes las irregularidades por si el juzgado de guardia o la Fiscalía consideran que se había cometido un delito. ¿La demanda es una venganza por ese tema? Yo tuve de presidente a Luis Hernández durante más de siete años y él decía: blanco y en botella, leche. Evidentemente es una venganza. Le ha pasado por delante de las narices esta posibilidad y ha dicho: Esta es la mía. Voy a presentarme en el tribunal de cuentas y voy a pedir la cabeza de Ibarra”, concluye Pintado.