El Juzgado de primera Instancia número 3 de Arrecife emitió un auto el pasado 14 de junio por el que ordena remitir el procedimiento del caso de La Bufona al Juzgado de lo penal para que éste a su vez fije la fecha del juicio oral. La Fiscalía solicitó esta medida en octubre del año pasado, cuando emitió su escrito de calificaciones. El procedimiento judicial se instruye desde hace doce años.
En su acusación, la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los promotores y constructores de las viviendas, Antonio Caro y el arquitecto Federico Echevarría, por un delito continuado contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave contra la autoridad por seguir con las obras a pesar de que se dictó su paralización. También se les pide una multa de 36.000 y 22.000 euros, respectivamente, y la demolición de todas las casas de la urbanización.
La solicitud de apertura de juicio oral se realiza sin que se haya resuelto por parte de la Audiencia provincial el recurso de la acusación particular contra el archivo de la causa, decretado por el Juzgado, para la ex alcaldesa María Isabel Déniz y el ex secretario municipal, Felipe Fernández Camero, que han estado imputados durante gran parte de la instrucción.
El fiscal señalaba en su escrito que los dos acusados, Echevarría y Caro, movidos por “propósitos especulativos” construyeron 53 viviendas donde sólo podían construir 30, y que lo hicieron conscientemente sin licencia municipal y sin calificación territorial, ocupando además una zona de suelo rústico de valor ecológico y superando la superficie del pan parcial y la de las casas, además de desobedecer las órdenes de paralización realizadas por la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun). Las primeras denuncias contra las obras son del año 1999.
También hace referencia a los informes técnicos realizados por el Gobierno de Canarias en los que se detallan las irregularidades tanto de la Dirección General de Urbanismo como de la Apmun. La Fiscalía pide la declaración en la vista oral de 15 testigos, entre los que se encuentran Eduardo y Gonzalo Murillo, denunciantes y propietarios de una de las parcelas ocupadas, así como personal del Seprona, de la Dirección General del Catastro, el Servicio de Carreteras, la Consejería de Obras Públicas y la de Medio Ambiente del Gobierno canario y la Apmun. No se cita declarar a ningún técnico ni cargo público del Ayuntamiento de Arrecife.
Derribos
Este año, la Apmun ordenó el derribo de parte de las obras de 14 chalés que se encuentran en suelo rústico. Entre los propietarios de las casas se encuentran la parlamentaria y presidenta del Partido Popular insular, Astrid Pérez, o el fiscal de Las Palmas Miguel Pallarés, ex fiscal coordinador de Lanzarote. La Apmun considera que tras la compra de las viviendas por parte de los propietarios, no se apreciaban aún algunas de las obras denunciadas, “por lo que la obligación de restablecer es imputable tanto en concepto de propietarios como de promotores de las obras”. Esas órdenes de derribo se comunicaron fuera de plazo por parte del Gobierno de Canarias y Murillo ha solicitado que se inicie de nuevo el expediente.
Además de este procedimiento penal, sobre esa urbanización ha habido varis procedimientos judiciales, más, entre ellos uno civil por el que Murillo solicta sus terrenos usurpados. En el plano contencioso, el Tribunal Supremo ha anulado la modificación del plan parcial La Bufona, que ha quedado fuera de ordenación. Además, la Apmun aseguraba en un informe de septiembre de 2008 que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado ya que contaba con al superficie mínima de 50.000 metros cuadrados.
En dicho plan “se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar 24 viviendas unifamiliares aisladas, por lo que se han desvirtuado todos los parámetros urbanísticos de todo el sector”. Las licencias se otorgaron al amparo de los documentos urbanísticos en vigor (plan parcial y modificación del plan parcial) y esos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”. Según los certificados catastrales, las viviendas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada. Por otra parte, estas casas han estado durante ocho años omitidas de la base de datos del catastro y no pagaban el Impuesto de Bienes Inmuebles.