El juicio del caso Reyes, cuya denuncia se inició en el año 2006 se está retrasando porque falta un escaner en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Arrecife. La Fiscalía de Las Palmas entregó su calificación de los hechos, primer paso para elevar a juicio oral el caso, el pasado mes de febrero, y desde entonces no se ha avanzado nada.
En una providencia del pasado mes de septiembre la juez titular del Juzgado número 2, Ana Manella, señalaba que no se habían podido escanear todas las actuaciones porque “no es posible hacer uso del escaner del Juzgado de Primera Instancia número 5 (el que instruye el caso Unión) al comunicarnos que la memoria del mismo está completa”.
El Juzgado había requerido a la acusación particular que presentara su escrito de acusación pero decidió prorrogar el plazo porque no se le había podido entregar copia de todas las actuaciones, al igual que al resto de las partes personadas.
Según esa providencia, ya en esa fecha se había solicitado con carácter urgente al Departamento de suministros de la Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias que facilitara un escaner al Juzgado «de las mismas características que el del Juzgado de Primera Instancia número 5«. La situación, dos meses después, no ha cambiado nada y el Juzgado sigue sin escaner y sin dar traslado de las actuaciones.
El caso Reyes es uno de los maÅ› conocidos en Lanzarote. Tras seis años de instrucción y numerosas diligencias practicadas, con un gran número de imputados y testigos, así como una investigación policial sobre el patrimonio del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (que llegó a estar en prisión provisional) y su familia en la que se detectaron hasta 700.000 euros de los que no se pudo justificar su origen, la Fiscalía hizo la calificación de los hechos en febrero.
Pide condenas para 12 personas: 25 años para Reyes por diversos delitos relacionados con la concesión de licencias ilegales, cinco años para su mujer y tres de sus hijos por blanqueo de capitales, seis años para el secretario municipal Vicente Bartolomé Fuentes por prevaricación y malversación, y penas de prisión también para dos técnicos más, Antonio Lorenzo y Alfredo Morales , así como cuatro años y medio para los asesores fiscales Rafael y Benito Mesa Ferra por ayudar, supuestamente, a blanquear el dinero; y otros tres años más para Simeón Camacho y Marcelo Machín por blanqueo.
La Fiscalía considera que el ex alcalde de Yaiza aumentó su patrimonio “como consecuencia directa de su delictiva política municipal instaurada en el delictivo otorgamiento de licencias urbanísticas”, y que para ocultar el dinero se valió de distintos procedimientos como testaferros, amortización de préstamos y pagos en efectivo, inversiones inmobiliarias, una multiplicidad de cuentas corrientes instrumentales, así como la creación de sociedades interpuestas a modo de empresas pantalla.
En cuanto a su actuación administrativa a la hora de dar licencias, Reyes “prescindió de un trámite absolutamente esencial del procedimiento, dirigido a hacer valer y velar por el cumplimiento de los intereses insulares que legalmente tutela el Cabildo Insular de Lanzarote”, como la falta de informes jurídicos y la autorización turística de la que dependía la validez de la autorización municipal.