El juez Juan gallego Ortiz, que instruye el caso de la denuncia contra el médico forense Jorge Suárez, ha decidido pedir a la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, que a su vez tramita un expediente administrativo sancionador a este doctor, que suspenda ese expediente y lo remita al Juzgado para que investigue los hechos, en los que se acusa a Suárez de falsedad documental por una autopsia realizada a un ciudadano británico. La medida la había solicitado la propia defensa del doctor Suárez, al que el Gobierno suspendió en enero de sus funciones mientras se tramitaba el expediente, que vence en julio, y por el que se enfrenta a una posible sanción de cinco años de inhabilitación.
Así pues, tendrán que declarar como testigos la directora y la subdirectora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas y el forense que propició la denuncia, Jesús Esparza. También se tomará declaración al doctor Suárez como imputado.
Además, el juez estima necesario que se emita un informe sobre la actuación profesional de Suárez por parte de un perito médico forense que no esté adscrito al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, para garantizar su imparcialidad. Mientras que la Fiscalía, en base a la denuncia inicial, considera que el doctor Suárez volcó información falsa en la autopsia realizada al ciudadano británico, el doctor Suárez considera que, en cualquier caso, se trataría de una diferencia de criterio médico.
La defensa de este medico considera que el expediente administrativo se ha caracterizado desde el principio por una “absoluta parcialidad de la instructora” y que las diligencias acordadas en el Juzgado ayudarán a aclarar el asunto en favor del doctor Suárez. Consideran que existe una “caza de brujas” contra él y que la denuncia está relacionada con otra autopsia realizada de forma compartida entre el denunciante y el denunciado en un caso de fallecimiento por una posible mala praxis médica en Hospiten.
Se trata de un caso de marzo de 2012 en el que fallece una paciente de 35 años en Hospiten. La familia denuncia al centro médico y la autopsia se tenía que realizar en el Juzgado al que está adscrito el doctor Suárez pero el doctor Esparza quiso intervenir en dicha autopsia alegando que había sido designado expresamente por sus superiores. La autopsia se realiza entre ambos y no llegan a un acuerdo sobre las causas de la muerte. Posteriormente Esparza denuncia al doctor Suárez por otro caso en el que presenta como prueba principal un vídeo grabado a un cadáver seis meses antes.
La familia de la fallecida recusó en ese procedimiento a Esparza para que no testificara como perito ya que es cuñado del entonces gerente del Hospital en el momento de los hechos. El Juzgado número 2 de Arrecife aceptó el pasado 7 de junio esa recusación al considerar que Esparza tiene interés indirecto en la causa por sus vínculos familiares. Según el auto, el criterio de Esparza podría verse afectado por consideraciones ajenas a las de su pericia médica y señala que “a buen seguro” el gerente tuvo conocimiento de la muerte de esa paciente y que no es descartable que comentara con Esparza algún aspecto relativo a su fallecimiento. Este doctor se ha opuesto por tres veces a su recusación para mantenerse en el procedimiento.