El Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes la tramitación de urgencia del Anteproyecto de Ley del Uso Turístico de Viviendas, lo que acortará a la mitad los plazos y permitirá que pueda iniciar a finales de septiembre su trámite parlamentario.
La consejera regional de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de que esta iniciativa ha recibido 3.033 alegaciones para su estudio y valoración durante su consulta pública, iniciada hace unas semanas.
Por ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado la tramitación con carácter urgente de esta norma ya que, como ha apuntado de León, es necesario “contar de manera inmediata con una regulación transversal e integral que aborde el fenómeno de la vivienda vacacional desde la perspectiva de la sostenibilidad”.
Esta semana, ha anunciado, comenzará también la ronda de contactos con los distintos agentes sociales, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y de Islas (Fecai) para darles a conocer los cambios que se han producido en el borrador del anteproyecto fruto de este periodo de consultas.
También ha adelantado que quedan varios informes por delante, entre ellos de los servicios jurídicos y de departamentos implicados en la puesta en marcha de la normativa.
Todos ellos se realizarán acortando los plazos a la mitad para sacarla adelante lo antes posible y que, el 30 de septiembre, aproximadamente, pueda entrar en el Parlamento autonómico e iniciar el trámite legislativo y “dar cumplimiento al compromiso que se marcó este Gobierno”.
Entre las medidas que se han incluido, y que se han dado a conocer recientemente -si bien el informe completo se conocerá “en las próximas semanas”-, está la flexibilización de la normativa para los pequeños propietarios, de forma que no se podrá destinar a este tipo de explotación turística ninguna vivienda de protección oficial, y la reducción de la superficie útil mínima a los 25 metros cuadrados.
El IGIC es la ecotasa de Canarias
De León ha explicado que en las islas ya se paga impuestos por la pernoctación, a través del IGIC, y ha manifestado que esta es una de las razones por las que el Gobierno canario no es partidario de poner una ecotasa turística al estilo de la de Baleares o Catalunya.
A juicio de la consejera, las tasas se aplican a la prestación de un servicio y corresponden a ayuntamientos y cabildos, por lo que el Gobierno de Canarias tendría que poner, en tal caso, un “ecoimpuesto”, el cual sería “lineal”, por lo que no afectaría únicamente al turista extranjero, sino también al turismo interinsular.